Ya han pasado los 60 días que el Presidente Moreno decretó para la disolución de 8 empresas públicas y, en lugar de cumplirlo, ha firmado un nuevo decreto ampliando el plazo a otros 120 días.

La tarea más importante que tiene que afrontar el Gobierno de Ecuador, sea éste o el siguiente, es equilibrar las finanzas del país, y para ello es imperativo reducir el gasto público.

Para el Estado, como para cualquiera, gastar es fácil y agradable, a todos nos gusta comprar algo. Lo complicado es ganar el dinero, ahorrar o, como en este caso, equilibrar el presupuesto. 

Estamos hablando de empresas claramente ineficientes, en las que los usuarios o reciben un pésimo servicio (caso de Correos), o son tan deficitarias que necesitan subvenciones permanentes para funcionar (caso de Ferrocarriles del Ecuador, en que los impuestos de los ecuatorianos de baja renta se usan para subvencionar los viajes de los turistas ricos).

¿Qué argumento lógico o económico se puede argüir para no cerrarlas? Cuando el país está en una crisis profunda y en un proceso de renegociación de la deuda. ¿Cómo vamos a priorizar el gasto y a garantizar la devolución de los créditos si no somos capaces de parar la hemorragia de dinero público en empresas que no aportan valor a los ciudadanos?

Claro que es doloroso para aquellos que van a perder su empleo el cierre de éstas empresas, como duelen también los cientos de miles de empleos que se están perdiendo en esta crisis en Ecuador. Pero ese no puede ser el argumento para seguir con esas empresas, pues entonces nunca se corregirían los errores en las inversiones, nunca se haría algo más productivo.

Es especialmente significativo el cierre de los medios públicos, empresas de infausta memoria por el uso propagandístico y partidista que hizo el correísmo y que desde entonces, pese a ese estigma de nacimiento, han intentado ganar credibilidad.

 Pero la tentación siempre está ahí y es muy fuerte: si el poder tiene control sobre medios de comunicación tenderá a abusar de él. La mejor manera de evitarlo es eliminarlos. 

Claro que el Estado debe comunicar a sus ciudadanos, pero nada menos “informativo” que “los informes” que se suponía que eran las sabatinas.

En la era digital es mucho más sencillo y eficiente que las instituciones públicas cumplan con los requisitos exigibles de transparencia e informen a través de sus webs, no se requiere de una televisión parcializada, un periódico, una radio o una imprenta para eso.

La ocasión es única. Ahora que este Gobierno no se presenta a la re-elección, por lo tanto no necesitará de un altavoz propagandístico y que la austeridad obliga a la reducción de gastos.

En esta crisis se están cerrando muchas empresas, creo que es justo que cierren aquellas improductivas, no rentables, que no aportan valor, y que además han sido en parte culpables de la crisis que enfrentamos.

Ojalá sus buenos profesionales, que los hay, encuentren trabajo pronto en proyectos empresariales rentables, sostenibles, y no pagados con impuestos y no susceptibles de ser usados con espurios intereses de propaganda política.

Pero para ello, para que haya regeneración, primero ha de haber reconocimiento de los errores cometidos, cierre de los despilfarros improductivos.

Para eso debería servir esta crisis, para cerrar aquellas empresas que no aportan valor y nos cuestan mucho; y poder, por un lado, dedicar esos recursos a partidas urgentes e importantes que tiene que atender el Estado, y por el otro regenerar la economía con nuevas empresas productivas.