Tras semanas y semanas por fin la Asamblea de Ecuador ha aprobado una ‘Ley humanitaria’ (algún día deberíamos hablar de los nombres de las leyes), que no es, como unos y otros proclaman, ni la causa ni la solución de la dura crisis económica en la que comenzamos a vivir, pero que sí permite avizorar un mejor modelo para afrontarla.

No es la causa pues esta crisis procede del confinamiento al que nos vemos sometidos, agravada por la muy precaria situación económica que vivía Ecuador ya antes del maldito virus. Sin apenas inversión ni empleo formal, con un Estado prácticamente quebrado y una empresa privada hostigada por muchísimas normas y cargas burocráticas.

Pero tampoco ésta, ni ninguna otra ley, pueden ser la solución a la crisis. Pues la economía no se cambia simplemente por decreto. Las leyes sólo crean un marco, donde se desarrolla mejor o peor la economía.

El Estado Ecuatoriano está quebrado, eso es una realidad contable que hay que asumir.

Por ello es impensable que se den ‘ayudas a las empresas’ o que se hagan ‘planes de reactivación’ de la economía o de ciertos sectores como algunos, no sé si ingenuamente o inconscientemente, reclaman.

Asumiendo que el Estado no va a poder ‘ayudar’ a la actividad económica privada, lo mínimo que se le puede pedir es que, al menos, no estorbe.

No es el momento de subir impuestos sino de eliminar las trabas que hacen de Ecuador el país número 123 donde es más difícil hacer negocios.

Por ello la disposición aprobada que da una moratoria de hasta seis meses a los nuevos negocios para cumplir la hostigante regulación es aún insuficiente pero muy conveniente. La nueva norma pasa de una concepción marxista de las relaciones laborales a una concepción de sentido común, que incentiva la negociación entre empleadores y empleados.

El marxismo asume que los empleadores son explotadores y que tienen intereses contrapuestos a los de los empleados, que son víctimas explotadas.

La realidad vivida por la inmensa mayoría es que tanto propietarios como empleados tienen intereses comunes: que a la empresa le vaya lo mejor posible para poder seguir teniendo un empleo y para seguir prosperando.

Ante la difícil situación de la economía, gran parte de las empresas tendrá que disminuir su estructura productiva para poder sobrevivir, esto es, se venderá menos por lo que no se podrá mantener los mismos costes.

Si la trasnochada retórica sindicalista impide que se puedan cambiar las jornadas de trabajo, los salarios o que haya despidos que no sean una carga inasumible, entonces lo que ocurrirá no será que “se conservarán los derechos laborales”, sino que más empresas quebrarán, habiendo todavía más destrucción de empleo y pobreza.

Desgraciada e inevitablemente muchas empresas tendrán que quebrar. Que lo hagan de la manera más expeditiva y justa posible es importante para poder regenerar la economía. Por ello la normativa aprobada, que permite agilizar la obsoleta e ineficiente ley de quiebras, es también un duro pero importante paso adelante.

Vienen tiempos muy difíciles para la economía y nos enfrentamos a una disyuntiva: pedir que “el Estado nos salve” con programas de gasto público para X o Y causa o sector, algo imposible cuando está quebrado y con graves casos de corrupción que minan su credibilidad institucional; o confiar en los ciudadanos y en su capacidad de negociar, de acordar, de crear y de innovar, quitándoles impedimentos para que puedan centrarse en solventar de la mejor manera posible lo que tenemos que afrontar.

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