Renta básica universal para erradicar la pobreza

El 17 de octubre es el día internacional para la erradicación de la pobreza. Una fecha que demanda renovar compromisos y establecer estrategias y políticas concretas desde los gobiernos para garantizar la vida digna a todas las personas.

La Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establece como primer punto "poner fina a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo".

Las metas que se deben cumplir en los próximos ocho años, hasta el 2030, incluyen erradicar la pobreza extrema por ingresos, reducir a la mitad la pobreza multidimensional, y poner en práctica sistemas y medidas apropiadas de protección social.

La Agenda 2030 se aprobó en septiembre de 2015. A diciembre de ese año, la pobreza extrema por ingresos en Ecuador era del 8,5% de la población, a junio de 2022 se encuentra en el 10,7%.

El país ha retrocedido en términos de bienestar y está lejos de poder alcanzar la meta comprometida internacionalmente.

Lo mismo ocurre con la pobreza multidimensional. A diciembre de 2015 era del 35,0% de la población, a diciembre de 2021 (ultimo dato disponible) es del 39,2%, y en el área rural alcanza al 70,7%.

El país no cuenta con políticas públicas específicas para la erradicación de la pobreza. Se ha limitado a una red de servicios de cuidados, fragmentada y con débil financiamiento; a transferencias monetarias focalizadas, y que se ajustan según la voluntad del gobierno de turno; y un débil sistema de seguridad social que cubre apenas a una tercera parte de la población.

Es urgente universalizar la protección social.

Constituir un sistema nacional descentralizado de cuidados, que integre los servicios de primera infancia, adulto mayor y personas con discapacidad, de todos los niveles de gobierno y los del sector privado, de manera que se garantice la atención a todas las personas que la necesiten, y de manera articulada con los sistemas de salud y educación.

Asumir la obligación de brindar protección social a todas las personas de manera independiente de su relación laboral. Esto implica la garantía de un ingreso mínimo a todas las personas, en condiciones de renta básica universal, que cubra el valor de la línea de pobreza (USD 86,7 mensuales, a junio de 2022).

Para esto, se puede integrar todas las transferencias monetarias (BDH, BDH variable, pensiones asistenciales, entre otras, que otorga el MIES), los subsidios a las pensiones de los regímenes de seguridad social contributiva, y las devoluciones tributarias existentes (llamadas beneficios), a lo que es posible sumar financiamiento mediante la eliminación de exoneraciones tributarias a sociedades y herencias (llamas incentivos), y de ser el caso generar un impuesto mínimo al patrimonio no productivo.

Una renta básica universal que, a manera de transferencia ciudadana, asegure que nadie sufra pobreza en el país.

Es viable, ¿falta voluntad?