Es hora de replantear el gasto público en el Ecuador. Está más que claro que ni el presupuesto fiscal desmesurado ni los recortes desordenados garantizan calidad, ni mucho menos eficiencia en el gasto público.

Otro factor importante que considerar es la crisis moral en el sector público. El gasto público dejó de ser un instrumento de lucha contra la pobreza para convertirse en uno de enriquecimiento ilícito de unos pocos. No se puede seguir con el mismo modelo de gasto.

El crecimiento del Estado y el centralismo son los problemas de fondo. Controlar la bestia es cada vez más difícil a medida que crece. Y que las decisiones y lineamientos de gasto las realice un manojo de burócratas desde la capital, que son juez y parte en todo, empeora la situación.

Un Estado mínimo y robusto es lo ideal. Ocupado en garantizar el acceso a servicios básicos como educación, salud y vivienda a los realmente pobres. Pare de contar. El Estado no está para quien tiene un trabajo y puede acceder a estos servicios.

Todo lo demás debe ser asumido y provisto por el sector privado, con buena supervisión pública que garantice las condiciones para la competencia. Las famosas reglas de juego mínimas, pero claras, de las que tanto se habla. En esto también hay que trabajar.

En educación, por ejemplo, todo se decide en el ministerio en Quito. Los burócratas toman decisiones aún por quienes invirtieron sus propios recursos para poner una escuela o colegio. 

Qué currículo enseñar, el cronograma de clases, los libros, el uso de sus recursos financieros y varios miles de disposiciones adicionales a través de acuerdos ministeriales que tienen congelada la educación en el país. 

Ni hablar del sector público, donde los padres no tienen oportunidad alguna de decidir algo en la educación de sus hijos. Cero diversidades, flexibilidad y modernización.

Dos principios son clave para repensar el gasto público. Primero, subsidios directos a las personas. 

Es más deseable que la ayuda estatal llegue directamente a quien lo necesita, y no de forma generalizada para todo aquel que quiera acceder a ella. O peor aún, que se filtre a través de toda la burocracia en el camino. Las subvenciones llegarían a los más necesitados y se corta la corrupción.

Segundo, libertad de elección. Es necesario darles a los ciudadanos responsables y en necesidad, los recursos para acceder a los servicios de educación, salud y vivienda con libertad. Por ejemplo, que sean ellos quienes decidan a qué escuela enviar a sus hijos acorde a sus propios criterios de educación. O a cuál consultorio asistir y con qué médico atenderse.

El dilema es: Si hay 3,6 millones de estudiantes en los sistemas fiscal, fiscomisional y municipal, y el presupuesto anual en educación es de USD 4.593 millones, ¿Podrían esos alumnos acceder a una mejor educación con el equivalente mensual de USD 127? Yo creo que sí, y bastante.

Ecuador no puede seguir con el lujo de la ineficiencia en el gasto público. La solución no es gastar más, sino mejor. Tampoco recortar por recortar sino focalizar. Es posible, pero hay que cambiar el chip burocrático y centralista. Subsidios directos más libertad reducen la pobreza con efectividad.