Ecuador está en caos.
Describir la situación del país con ese término no debería asustarnos, sino más bien recordarnos que incluso en el caos se puede encontrar un orden y que pequeños movimientos pueden generar grandes cambios.
Sin embargo, descifrar todo el caos para ordenarlo de una sola vez es imposible. Por ahora, lo más urgente es resolver la crisis fiscal y combatir a los grupos de delincuencia organizada que operan en el país; entonces, por ahí deben partir las acciones.
La declaratoria formal de guerra aparece como la medida concreta para enfrentar la crisis de violencia e inseguridad.
Con respecto al sector fiscal, aún no está claro el camino que seguirá el Gobierno del presidente Noboa; hay incertidumbre.
Entre las opciones se analizan:
- El aumento del IVA
- La eliminación del subsidio a los combustibles
- Contribuciones especiales de los trabajadores en relación de dependencia
- Reducción del tamaño del Estado con la fusión u optimización de instituciones (léase despidos).
Aun cuando hay que reconocer que los ajustes son necesarios y urgentes para retomar el orden en el país, también hay que estar conscientes de su costo. En efecto, debemos estar preparados porque cualquiera de las medidas mencionadas significará un golpe para la economía de las familias ecuatorianas, pues tendrán una reducción en sus ingresos.
El impacto de la aplicación de estas medidas lo sentirán con más fuerza las personas que viven en pobreza y a quienes se les denomina vulnerables.
Según datos del INEC de diciembre de 2023, el 26% de los ecuatorianos es pobre (tiene un ingreso per cápita de USD 90,08 al mes) y el 9,8% vive en pobreza extrema (con USD 50,76).
Aunque la atención inicial puede centrarse en medidas para sostener a las personas que padecen pobreza crónica, y el sistema de protección social ecuatoriano está orientado a atender a esta población, también hay que prestar atención a los potenciales nuevos pobres, es decir, a quienes conforman la población vulnerable del país.
Se considera como vulnerables a las personas que no se encuentran en situación de pobreza, pero, si sus ingresos se reducen, tienen una alta probabilidad de caer en esta situación.
Según Andrés Mideros, columnista de PRIMICIAS, el 65,1% de los ecuatorianos es vulnerable. Es decir, más de la mitad de la población estaría al borde de la pobreza si hubiera cambios en su situación laboral o una reducción de sus ingresos.
Ante los ajustes que podrían concretarse, las familias pueden optar por el ahorro, consumiendo lo estrictamente necesario y comprando productos de menor precio, así como buscar nuevas fuentes de ingresos, especialmente en el mercado informal.
No obstante, el sector informal no solo que no puede acoger a todas las personas desempleadas, sino que tampoco garantiza la obtención de un ingreso mínimo para satisfacer las necesidades básicas.
De este modo, incluso recurriendo a estrategias de ahorro o de búsqueda de más ingresos, es probable que las familias tengan que hacer recortes en los gastos en educación y salud, lo cual acabaría siendo un elemento más para el caos.
Así, a pesar de la complejidad de la situación, para evitar que esta empeore y que las cifras de pobreza se disparen por la llegada de nuevos pobres, hay que volver los ojos a las personas vulnerables para evitar que empeoren su condición económica, pese a que esto no es gratis.
Si bien en momentos de crisis los pedidos apuntan a cortar el gasto, hacer ajustes en la parte social disminuiría la capacidad de prevenir riesgos sociales y la pobreza. Ajustar el gasto social sería un suicidio.
Sí, mientras el Ecuador lucha por superar desafíos apremiantes, no podemos perder de vista la importancia de mantener un enfoque equilibrado que aborde tanto la estabilidad económica, así como la protección de la población más vulnerable.
Para la protección social a este grupo de ecuatorianos, se podría pensar en políticas con intervenciones de corto plazo, es decir, en programas emergentes para personas que atraviesen una situación de pobreza transitoria.
Estos programas deberían tener reglas de ingreso y salida flexibles, de manera que sean capaces de responder rápida y eficazmente a las vulnerabilidades esperadas.
También el IESS debería estar preparado para atender los seguros de desempleo.
Aunque parezca que, en este momento no es prioritario pensar en política social, la atención a las personas pobres y vulnerables no solo es una cuestión moral, sino también esencial para garantizar la democracia, la paz social, el combate de la inseguridad y para retomar el orden.
Después del caos, viene el orden.
Las opiniones expresadas por los columnistas de PRIMICIAS en este espacio reflejan el pensamiento de sus autores, pero no nuestra posición.
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