Los manifestantes en Guatemala piden la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, a quien acusan de fraguar un golpe de Estado.
Grupos de manifestantes bloquearon el 2 de octubre de 2023 carreteras en Guatemala para exigir la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, a quien acusan de fraguar un golpe de Estado para impedir que asuma el presidente electo, Bernardo Arévalo.
Las agrupaciones, en su mayoría indígenas y campesinas, mantienen cerrados al menos 17 tramos de importantes carreteras como la Interamericana, así como las que conducen a las fronteras de México, El Salvador y Honduras.
Las protestas son contra los allanamientos de la sede del tribunal electoral para secuestrar las actas de las elecciones pasadas, el pedido para quitar los fueros a los magistrados de ese organismo e intentar cancelar el partido Semilla de Arévalo.
El Gobierno de Estados Unidos advirtió el 2 de octubre que "seguirá utilizando todas las herramientas disponibles contra quienes actúen para socavar la democracia" en Guatemala.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinke, dialogó con Arévalo y le expresó "su apoyo para una transición política pacífica", que le permita asumir en enero, dijo en Washington un vocero del departamento de Estado.
Las manifestaciones y bloqueos fueron convocadas por los alcaldes comunales de los 48 cantones del departamento de Totonicapán, al oeste de la capital, para pedir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras. Al llamado se han sumado otros sectores.
Incautación de actas
Otra demanda de las protestas es la separación de los cargos del fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana, quienes mantienen una cruzada legal que es considerada como un "golpe de Estado" por el presidente electo.
La embestida legal comenzó después de que Arévalo quedara segundo en las elecciones generales el 25 de junio y pasara a un balotaje que ganó el 20 de agosto a la ex primera dama, Sandra Torres.
El 29 y 30 de octubre, fiscales bajo el mando de Curruchiche y con una orden de Orellana se incautaron las actas electorales, provocando una enérgica condena de Estados Unidos.
En un comunicado, los 48 cantones aseguran que los funcionarios judiciales han tomado "acciones arbitrarias que atentan contra la democracia y autonomía del pueblo y su orden constitucional".
La presidenta del tribunal electoral, Irma Palencia, aseguró que estaban dispuestos a continuar garantizando la voluntad de los ciudadanos, al elegir en las urnas a las nuevas autoridades para el período 2024-2028.
Lo último