Un enredo protagonizado entre el Comité Olímpico Internacional (COI) y la organización de los Juegos de Tokio 2020 ha dejado en el aire dos preguntas delicadas: cuánto costará el retraso de los Juegos y quién pagará la factura.
Determinar el impacto económico que tendrá el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio hasta el verano de 2021 es una de las tareas que más apremian a los organizadores dentro de una larga lista de deberes que apenas han comenzado a abordar, y que a su vez está condicionada a la resolución previa de otras cuestiones.
"Necesitamos primero evaluar el coste del retraso y después determinar cómo afrontarlo", dijo el director ejecutivo de Tokio 2020, Toshiro Muto.
Aunque circulan diversas estimaciones sobre la factura derivada de posponer los Juegos, el monto final dependerá de variables como la disponibilidad de las sedes deportivas que habían sido reservadas únicamente para el verano de 2020 o de lo que suceda con la Villa Olímpica, a la que se iba a dar uso residencial.
Facturas recientes
Varios cálculos estiman unos USD 2.900 millones el coste de mantener un año más las instalaciones especialmente construidas para los Juegos y de reorganizar las aproximadamente 46.000 reservas hoteleras para personal invitado a los Juegos.
El retraso acarreará a Japón pérdidas adicionales por valor de USD 2.040 millones por las oportunidades de negocio perdidas al no celebrar los Juegos dentro de lo previsto, según un estudio del economista Katsuhiro Miyamoto, profesor emérito de la Universidad de Kansai.
Los organizadores, por el momento, no han puesto precio al aplazamiento y afirman que siguen analizando los gastos adicionales. Mientras que el presidente del COI, Thomas Bach, ha cifrado la previsible factura en "varios centenares de millones de dólares".
La última versión del presupuesto para Tokio 2020, aprobada antes de que se decidiera el cambio de fechas por la pandemia, ascendía a USD 12.570 millones, financiados en su mayor parte por fondos públicos nipones y aportaciones privadas, más una contribución menor del COI.
Una discusión pendiente
Según la versión japonesa, el COI aceptó a mediados de marzo posponer los Juegos un año a petición del primer ministro nipón, Shinzo Abe. Ambas partes dejaron pendiente la espinosa decisión de cómo repartirse el coste del aplazamiento.
Por eso, los responsables de Tokio 2020 expresaron su malestar cuando el COI publicó en su web un artículo según el cual Abe "había acordado que Japón continuará cubriendo los costes previstos bajo los términos del acuerdo existente" y pidieron una rectificación del organismo internacional.
El órgano con sede en Lausana (Suiza) eliminó horas después esa controvertida mención del texto y en su lugar señaló que tanto Japón como el COI mantienen sus "compromisos" y "responsabilidades" para organizar los Juegos y que ambas partes "continuarán evaluando y discutiendo conjuntamente los impactos respectivos causados por el aplazamiento".
Aunque todo podría haber quedado en un simple malentendido, la reacción de los organizadores y del Ejecutivo nipón -que también llegó a desmentir que Abe se hubiera comprometido a asumir los costes adicionales- evidenció la susceptibilidad sobre este tema, en especial del lado japonés.
En la última reunión de coordinación celebrada en Tokio a mediados de mes, el representante del COI, John Coates, dio a entender que el comité internacional no contempla contribuir al coste adicional, aunque sí ayudará a comités nacionales y federaciones afectados por la caída de ingresos y cancelación de competiciones.
Coates pidió asimismo a los organizadores que aprovecharan la ocasión para recortar el presupuesto en lo posible y sugirió que prescindieran de instalaciones "innecesarias" como los espacios para el visionado público de los Juegos o que abaratasen los servicios de "hospitalidad" que se ofrecerán a comités nacionales, medios de comunicación o patrocinadores
Obligados por contrato
El contrato firmado por Tokio en 2013 como sede olímpica estipula que debe ser la parte nipona la que asuma los costes de la organización, obligación que en teoría sigue vigente por haber sido el Gobierno japonés el que propuso oficialmente cambiar las fechas, y siempre que ambas partes no acuerden un reparto distinto.
Pero al tratarse de una situación excepcional, las autoridades niponas confían en que el COI "asuma también su papel" a la hora de lidiar con los gastos, según dijo la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike.
Sea cual sea la factura final, para el Gobierno de Abe supone un nuevo quebradero de cabeza financiero justo cuando acaba de aprobar el mayor paquete de estímulo de la historia del país para mitigar la previsible contracción económica que provocará el coronavirus.
Ahorrar gastos
El presidente del comité organizador de Tokio 2020, Yoshiro Mori, propuso que la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos y la de apertura de los Paralímpicos queden eliminadas para reducir gastos, según dijo en una entrevista difundida este martes.
Mori también señaló en la conversación con el diario deportivo japonés Nikkan Sports que no cabe otro aplazamiento más allá del 2021. Y en caso de que no se celebren ese año, no habría otra solución más que cancelarlos, como ya ocurrió en el pasado durante las dos guerras mundiales.
La propuesta de Mori es celebrar una ceremonia de apertura general al principio de los Juegos Olímpicos, programados para empezar el 23 de julio de 2021, y otra ceremonia de clausura, también general, al final de los Paralímpicos, que acabarán el 5 de septiembre de ese año.
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