Roce entre Defensa y la ONU por uso de la fuerza durante el paro

La Alta Comisionada de DDHH., Michelle Bachelet, emitió un comunicado sobre Ecuador. El canciller José Valencia asegura que los posibles excesos están en investigación, el ministro Jarrín defendió la actuación de los uniformados.

Noticia actualizada y corregida a las 12:46 con las declaraciones del Canciller y el Ministro de Defensa

La mañana de este viernes 29 de noviembre el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió un comunicado sobre las protestas de octubre pasado en Ecuador.

En el documento, la titular del organismo, Michelle Bachelet expresa su preocupación por las denuncias de detenciones abritrarias en el marco de las manifestaciones. Y hace un resumen de las versiones que recogieron durante su visita al país.

“Durante toda la crisis se realizaron arrestos masivos y, en varios casos, se efectuaron sin pruebas concretas contra los detenidos”, reza el texto y lo declara como un “patrón inquietante”.

Aunque también señala que, según el Gobierno y la Fiscalía, el 80% de los detenidos fue puesto en libertad, en la mayoría de los casos, sin que se les presenten cargos. Y que el 20% restante recibió acusaciones que van desde las infracciones, agresiones y asociación ilícita hasta terrorismo.

El canciller José Valencia corroboró lo que dice el documento: un llamado a que se investigue todo lo sucedido, por parte del Estado y de los manifestantes. Y afirmó que, los posibles excesos de la fuerza pública, ya están siendo investigados.

Puesto que Bachelet insistió en “la necesidad de que se revisen los protocolos internos relativos al uso de la fuerza y que las autoridades se aseguren de que dichos procedimientos se ajustan a las normas y los criterios internacionales”.

Sin embargo, el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, aseguró que puede investigarse un uso excesivo de la fuerza de la Policía y las Fuerzas Armadas, pero criticó que se sugiera que esa reacción haya sido innecesaria.

Incluso, el militar en servicio pasivo, hizo un llamado de la ONU: “que nos digan qué otro método se utiliza para controlar un disturbio, un motín, acciones de desestabilizazación, el uso de armas caseras y tratar de quebrantar el orden constitucional”.

Durante su informe de gestión 2019, añadió que la violencia en este tipo de disturbios se la cataloga por niveles y, en el caso de la revuelta de octubre, la violencia llegó a nivel 4. Por lo que, incluso, pudieron utilizar otro tipo de armas, pero la decisión y la directiva fue limitarse a las no letales.

Vandalismo

La oficina de Bachelet también evidenció los hechos de vandalismo. “Algunos manifestantes también recurrieron a la violencia y varios individuos sin identificar han sido acusados de incitar a la violencia y de ejercerla”, señala el dossier.

En los 11 días de crisis, agrega el documento, hubo disturbios, bloqueos de carreteras, saqueos, ataques contra ambulancias, incendios intencionales, destrucción de propiedades públicas y privadas.

También mencionó cortes del suministro de agua y daños a instalaciones para la producción de petróleo.

Además, recoge las denuncias de la sociedad civil sobre más de 100 agresiones a periodistas, por parte de manifestantes y policías. Bachelet cita el ataque a las instalaciones de Teleamazonas y El Comercio, en Quito.

Un nuevo llamado al diálogo

Durante la inauguración de la Academia Diplomática, en Quito, el canciller Valencia dijo que la misión de la ONU constató que hubo una gran tensión y agitación en las calles. Sin embargo, dijo que el mensaje central del comunicado es el llamado al diálogo y a que se tome en cuenta a todos los sectores.

Como parte de sus recomendaciones, precisamente la exmandataria chilena hace un llamado a todos los actores del país para que dialoguen “para prevenir nuevos conflictos y construir una sociedad inclusiva, intercultural y pacífica”.

Además aconseja incluir a la sociedad civil en la toma de decisiones económicas. Y llama a las autoridades a evitar declaraciones que estigmaticen a la población indígena.

Un equipo de la Oficina de la Alta Comisionada visitó el país del 21 de octubre al 8 de noviembre pasados. Realizaron más de 300 entrevistas que sirvieron de insumo para elaborar el informe difundido en Ginebra.

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