El ministro de Justicia de Bolivia sugirió que Moreno debe ser procesado por “crimen de lesa humanidad” si se comprueba que envió armas y material antidisturbios en 2019.
El presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, el oficialista Freddy Mamani, pidió que el expresidente de Ecuador Lenín Moreno se “disculpe” con el pueblo boliviano por el supuesto préstamo de material antidisturbio durante la crisis política y social de 2019.
“Lenín Moreno debe disculparse con el pueblo boliviano por responsabilidad y respeto, el actual Gobierno de Ecuador debería brindar las condiciones para que se avance en las investigaciones de este lamentable hecho”, manifestó Mamani en una conferencia de prensa.
Mamani sostuvo que tomó contacto con parlamentarios de Ecuador para hablar sobre este hecho que está siendo investigado en ese país y que le expresaron que “sienten vergüenza por la decisión tomada” por ese Gobierno al que calificaron como “nefasto” y “traidor”.
Además indicó que le dieron datos de que supuestamente el material antidisturbio llegó a Bolivia en un “avión militar” y de “manera ilegal”, ya que no se cumplieron con los protocolos correspondientes para hacer ese envío.
El parlamentario boliviano exigió que se “esclarezca el papel del Gobierno” ecuatoriano en el supuesto préstamo de material antidisturbio al mandato transitorio de Jeanine Áñez en Bolivia.
En tanto esta semana el ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima, señaló a través de Twitter que tanto Áñez como Moreno deben ser procesados por “crimen de lesa humanidad” y que sus acciones no deben quedar impunes.
Esta semana el parlamentario ecuatoriano Fausto Jarrín presentó una denuncia ante la Fiscalía de ese país contra el expresidente Moreno para que se investigue la supuesta entrega de “pertechos militares, bombas lacrimógenas, y balines” al Gobierno boliviano de ese entonces.
En Bolivia también se inició una investigación sobre este hecho en el que se habla del envío de este material antidisturbio y “municiones de guerra” en la crisis social y política de 2019 tras las elecciones fallidas en el país.
La justicia boliviana indaga la compra de material antidisturbio con presunto sobreprecio en el mandato de Áñez, en el que se involucra a los exministros de Gobierno Arturo Murillo y de Defensa Luis Fernando López.
El Gobierno de Luis Arce explicó en pasadas ocasiones que en el Gobierno de Áñez en 2019 se pagó USD 5,6 millones por la compra de gases lacrimógenos en 2019, pero que a la empresa se le canceló solo USD 3,3 millones para su adquisición, por lo que hay un sobreprecio de USD 2,3 millones.
Murillo está detenido en Estados Unidos acusado de corrupción y lavado de dinero, mientras que el Gobierno de Luis Arce pretende extraditar al exministro López quien se cree que se encuentra en Brasil.
Áñez está detenida preventivamente en una cárcel en La Paz y también brindó su declaración en el marco de la investigación de este caso.
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