Colombia se prepara para una nueva jornada de protestas en diferentes ciudades que coincidirán el martes 20 de julio de 2021 con la instalación del último periodo legislativo del Congreso y la celebración del Día de la Independencia, por lo que las autoridades activaron un plan contra la violencia y el vandalismo.
El Comité Nacional de Paro (CNP), principal convocante de las manifestaciones que vivió el país desde el 28 de abril y que se extendieron durante dos meses, anunció que retomará las movilizaciones el martes 20 de julio "para exigir del Gobierno y de sus mayorías en el Congreso una respuesta a la crisis humanitaria, social, económica y política que atravesamos".
Además se espera que llegue a Bogotá, desde diferentes ciudades del país, una "avanzada nacional" de las denominadas "primeras líneas" de las protestas, así como una delegación de las comunidades indígenas.
"Tenemos información de cerca de 35 actividades, entre plantones, concentraciones, actividades culturales y marchas que se van a hacer en la ciudad, por lo que hemos dispuesto el mayor número de gestores de diálogo y de convivencia", dijo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, al terminar un consejo de seguridad.
Agregó que así como se comprometió en la mesa de garantías, en la que participaron el Ministerio del Interior, organizaciones de derechos humanos, jóvenes, empresarios y el Comité de Paro, su administración garantizará y acompañará la protesta pacífica.
El Comité Nacional del Paro además programó una gran manifestación que se concentrará desde las 10:00 en el Parque Nacional de Bogotá, donde además se presentará en concierto la banda colombiana de rock Aterciopelados.
"Cualquier colombiano que de manera pacífica quiera venir a expresar su voz, sus demandas legítimas, es siempre bienvenido a Bogotá", agregó la alcaldesa.
El comité también presentará en el Congreso un pliego con 10 proyectos de ley que incluyen las peticiones que llevaron a las mesas de conversación con el Gobierno del presidente Iván Duque, que concluyeron hace un mes sin ningún acuerdo.
Plan contra la violencia
Las protestas, que inicialmente fueron convocadas para rechazar una reforma tributaria del Gobierno, derivaron en una de las peores crisis recientes del país y, pese a que la mayoría transcurrió de forma pacífica, en ciudades como Bogotá y Cali estuvieron marcadas por la violencia.
Por esa razón, las autoridades dispusieron 9.572 agentes de la fuerza pública en Bogotá y los municipios cercanos. "No permitiremos ni bloqueos, ni violencia, ni campamentos permanentes. No vamos a permitir actos que afecten la tranquilidad de los colombianos", advirtió ayer el ministro de Defensa, Diego Molano.
Además, la Gobernación del Valle del Cauca, donde ocurrieron la mayor cantidad de hechos violentos, autorizó el cierre de fronteras en el departamento hasta el 22 de julio "con el propósito de disminuir la velocidad de contagio del Covid-19, garantizar la convivencia pacífica y evitar el riesgo de alteración del orden público".
Sobre las manifestaciones hay gran expectativa pues las protestas, que en el último mes perdieron intensidad hasta reducirse y casi desaparecer, dejan, según organizaciones de derechos humanos, unas 74 víctimas mortales, al menos 20 de ellas por disparos de la Policía, mientras que el Gobierno vincula a las protestas 25 fallecidos.
El Ministerio de Defensa advirtió que "existe un interés especial en grupos armados ilegales como la guerrilla del ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC, en financiar hechos vandálicos durante la jornada de celebración de la independencia".
Sin embargo, las organizaciones civiles urgen a las autoridades a no militarizar las movilizaciones y a cumplir las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en su informe sobre las protestas constató que la respuesta del Estado colombiano "se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza y que en muchos casos la actuación incluyó la fuerza letal".
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