Contraloría también ve posibles delitos en el manejo de Coopera

La Contraloría también cree que hubo irregularidades en las transacciones que hizo la cooperativa Coopera Ltda. en liquidación y que involucra a la asambleísta correísta y exministra de Inclusión, Doris Soliz.

El 31 de octubre, la secretaria Anticorrupción, Dora Ordónez, solicitó a la Fiscalía que se investigue a la exfuncionaria por presuntos delitos contra la administración pública.

Según esa denuncia, en enero de 2014 el Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS) habría comprado el negocio e inmuebles de la extinta cooperativa por USD 10,2 millones.

Ahora, la Contraloría ratifica las presuntas irregularidades en esa negociación:

• El liquidador de Coopera convocó a dos concursos de precios, sin la autorización de la Superintendencia de la Economía Popular. Tampoco informó sobre el valor individual de los inmuebles.
• El IEPS participó en los concursos para adquirir los bienes sin facultad legal para hacerlo, porque esta acción no es parte de las medidas de fomento a la economía popular y solidaria señaladas en la ley.
• La exministra de Inclusión Económica autorizó la adquisición, sin observar disposiciones constitucionales y que la IEPS no tenía competencia para efectuar ese proceso.
• Se adquirió bienes muebles e inmuebles por USD 10.412.246,07, de los cuales USD 4.904.534,25 corresponden a las valoraciones de los bienes muebles e inmuebles. Existe una diferencia no justificada de USD 5.507.711,82.

Según la secretaría anticorrupción, ese negocio del IEPS pasó luego a manos de la Cooperativa de Producción Agrícola, Ganadera y Servicios de Alimentación Para Vivir Mejor (Prograserviv).

Y, según la Contraloría, en función del convenio de coadministración suscrito con Prograserviv , durante 2014 y 2015, el director del IEPS autorizó transferencias de recursos públicos por USD 2.273.329,23, sin contar con un programa o proyecto de inversión pública, calificado que respalde la iniciativa productiva de la cooperativa.

Los problemas:

• Los recursos transferidos no se sustentaron en análisis de viabilidad, legal, técnica, económica y social de la iniciativa productiva.
• Tampoco se conocieron los resultados esperados de la inversión realizada por el IEPS.
• No se conoció el modelo de gestión y la sostenibilidad del proyecto. 

Debido a estas irregularidades, la Contraloría emitió dos informes con indicios penales señalando a los funcionarios responsables en cada operación, que fueron remitidos a la Fiscalía para que realice el trámite legal pertinente.