Tras las manifestaciones y disturbios ocurridos el 3 y 4 de octubre de 2019, durante el paro nacional del transporte, la Fiscalía advirtió también con sancionar a las fuerzas del orden que cometan excesos en el uso progreso de la fuerza.
Durante las manifestaciones y disturbios registrados en varias ciudades, en el transcurso de los dos días de paralización del transporte, fueron detenidas 379 personas en todo el país, según datos del Ministerio de Gobierno.
De este total, la gran mayoría fueron apresados en Guayas y Pichincha: 141 en el primer caso y 121 en el otro.
Los demás fueron aprehendidos en:
- Esmeraldas.
- Imbabura.
- Orellana.
- Tungurahua.
- Chimborazo.
- Cotopaxi.
- Bolívar.
- Pastaza.
- Manabí.
- Los Ríos.
- Azuay.
- Cañar.
- Loja.
- Zamora Chinchipe.
A escala nacional, Fiscalía procesó a más de 90 personas, de acuerdo a un comunicado difundido por la institución.
En Guayas, 75 personas fueron acusadas por los presuntos delitos de robo, relacionados con saqueos a locales comerciales y asalto a mano armada, porte de armas, tenencia de drogas y asociación ilícita.
Todos fueron detenidos en diferentes sectores de Guayaquil: suburbio oeste, vía Perimetral (Trinipuerto), avenida 25 de Julio (sur), centro de la urbe, vía a Daule y avenida Casuarina.
En Quito, la Fiscalía de Pichincha presentó cargos en contra de Jorge Calderón, dirigente de los taxistas, a quien se le dictó prisión preventiva por la paralización de un servicio público. La instrucción fiscal durará 90 días.
Dirigentes nacionales del transporte, anunciaron que el próximo 7 de octubre realizarán una marcha en Quito para exigir la libertad de Calderón.
En esta provincia hay otros tres procesados por ataque o resistencia, uno de ellos fue detenido en el sector de La Bota y se le dictó prisión preventiva.
Los otros dos fueron aprehendidos en la entrada a la ciudadela Colinas del Norte. Para ellos se dispuso prohibición de salida del país y presentación periódica ante la autoridad.
Por otra parte, en el Complejo Judicial de Quitumbe se formularon cargos en contra de dos personas por daño a bien ajeno.
Dirigentes de Cuenca con medidas alternativas
En Azuay, Fiscalía formuló cargos en contra de Mesías Vicuña y de Manolo Solís, dirigentes de los transportistas de Cuenca, por paralización de un servicio público.
Aunque ambos fueron liberados horas después de ser capturados, un juez de lo Penal de Cuenca ordenó prohibición de salida del país y la presentación periódica cada ocho días.
En la provincia de Bolívar hay un procesado por la paralización de servicios públicos y otros cinco por daño a bien ajeno. Con estos últimos se llegó a un acuerdo de conciliación y no se dictaron medidas en su contra.
En Cañar, Fiscalía formuló cargos contra 11 ciudadanos por el delito de ataque y resistencia. Para ellos se dictaron medidas cautelares como prohibición de salida del país y presentación periódica.
En tanto que en Morona Santiago se inició una instrucción fiscal por paralizar los servicios públicos.
Asimismo, en Loja, por pedido de la Fiscalía un juez dispuso prisión preventiva para dos ciudadanos por el delito de ataque o resistencia.
En Los Ríos, un ciudadano fue tomado preso por bloquear una vía y fue procesado en la Unidad Judicial de Babahoyo, por el presunto delito de paralización de un servicio público.
Advertencia a la fuerza pública
#ATENCIÓN | Sobre posibles excesos cometidos por agentes de la fuerza pública en las manifestaciones del 3 y 4 de octubre, #FiscalíaEc informa a la ciudadanía.
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) October 5, 2019
Comunicado ⬇ pic.twitter.com/S6VyhRl47Q
Fiscalía recordó a los agentes de la fuerza pública que pueden ser sancionados por el uso excesivo de la fuerza.
"Si como consecuencia de la inobservancia o del uso progresivo de la fuerza se produce la muerte de una persona, "será sancionado con pena privativa de libertad de 10 a 13 años", advirtió.
Organismos de derechos humanos piden el número exacto de detenidos
La noche del viernes 4 de octubre fueron liberadas más de 50 personas que se encontraban en la Unidad de Flagrancias de Quito, porque el juez no contó con evidencias sobre su participación en las manifestaciones.
Este sábado 5 de octubre, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y otra organizaciones pidieron al Gobierno que publique el número exacto de personas detenidas.
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