Jueves, 25 de abril de 2024

Ganaderos del Litoral podrán usar armas en las haciendas

Autor:

Karla Pesantes

Actualizada:

15 Jul 2020 - 13:11

Ganaderos

Autor: Karla Pesantes

Actualizada:

15 Jul 2020 - 13:11

La Asociación de Ganaderos del Litoral informó que podrán portar armas para protegerse del robo de ganado, el 15 de julio. - Foto: Cortesía

La Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos indican que solo con el porte de armas se protegerán del robo de ganado en el sector rural.

Desde el pasado 27 de septiembre de 2016 rige el acuerdo ministerial 270, que habilita a los ganaderos a portar armas en el sector agropecuario.

Pero hasta la fecha, este acuerdo no se había cumplido por falta de una socialización y reuniones con las Fuerzas Armadas. 

Este 15 de julio, la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos informó que finalmente se procederá con la emisión y renovación de permisos de armas para el sector. 

Según Francesco Tabacchi, presidente del gremio, el porte de armas permitirá a los ganaderos protegerse del abigeato o robo de ganado. 

“El año pasado tuvimos más de 2.000 denuncias de robo de ganado, y pensábamos que con la pandemia se iba a reducir la problemática, pero sigue igual”, dijo Tabacchi, en una rueda de prensa realizada en Guayaquil.

El 31% de los casos de robo de ganado ocurre en Manabí, Guayas y Esmeraldas. Además, según cifras del gremio, las pérdidas por este delito superan los USD 13 millones en estas provincias. 

En representación de las Fuerzas Armadas, el capitán de Fragata Jorge Velasteguí, mencionó que se coordinará el porte de armas como establece la legislación actual. 

“Una vez que lleguen las solicitudes de renovación o de tenencia de los ganaderos, las verificaremos al interior de las Fuerzas Armadas”, añadió Velasteguí. 

El acuerdo contempla el porte de un arma por ganadero y solo dentro de su provincia. Además deberán presentar un examen psicológico, y se revisará el récord policial. 

Por otra parte, el abigeato se sanciona según el actual Código Penal con una pena de 30 días de cárcel. Otro pedido del gremio es que la sanción sea de tres a cinco años en prisión.