El Tribunal Constitucional de Perú resolvió, este jueves 17 de marzo de 2022, disponer la libertad del expresidente Alberto Fujimori, que cumple una condena de 25 años de prisión por violación a los derechos humanos. Una decisión que ha generado críticas de familiares de las víctimas de abusos y el rechazo del gobierno.
La máxima corte aprobó por 4-3 un recurso de ‘habeas corpus’, que pedía anular una resolución judicial que dejó sin efecto en octubre del 2018 un indulto humanitario para Alberto Fujimori que fue otorgado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en 2017, precisó un comunicado del Tribunal Constitucional.
El presidente izquierdista Pedro Castillo rechazó la decisión y afirmó que es producto de una “crisis institucional” que vive Perú, en referencia a su discurso esta semana en el Congreso en que criticó duramente a varios organismos jurisdiccionales como el Tribunal Constitucional.
“Los órganos de justicia internacional a los que el Perú está adscrito y el Estado de derecho deberán cautelar el ejercicio efectivo de la justicia para el pueblo”.
Pedro Castillo
Castillo había dicho durante la campaña que le gustaría desmantelar el tribunal. Sin embargo, desde que asumió la presidencia, se había mantenido en silencio sobre el tema.
Eloy Espinosa-Sadaña, uno de los miembros de la corte, explicó a la radio local RPP que en el tribunal un grupo alegó por la libertad de Fujimori por motivos de salud y otro que sostenía que debía mantenerse en prisión debido a un pronunciamiento anterior de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se había mostrado en contra del indulto.
“Su libertad ahora es un trámite burocrático”, dijo Espinosa-Saldaña, que votó en contra de la libertad de Fujimori.
La semana pasada, Fujimori, de 83 años y que gobernó el país minero entre 1990 y el 2000, había ingresado a una clínica por una dolencia cardíaca y en lunes fue dado de alta médica.
Fujimori, cuya hija Keiko Fujimori perdió el año pasado la elección presidencial frente a Castillo, está preso en una base policial en Lima, donde según sus médicos sufre de úlceras en el estómago, hipertensión, fibrosis pulmonar y ha pasado por varias operaciones en la lengua por lesiones cancerígenas.
El exmandatario fue condenado por haber sido autor mediato de la matanza de 25 personas en los casos Barrios Altos en 1991 y la Universidad La Cantuta en 1992, mientras su Gobierno luchaba contra la guerrilla izquierdista de Sendero Luminoso.
Familiares rechazan fallo
El abogado del expresidente, César Nakazaki, estimó que Fujimori podría dejar la prisión el lunes o el martes tras los trámites. “Acabo de conversar con el presidente”, dijo frente al penal donde está recluido Fujimori.
“Se ha emocionado, ha sentido gran alivio, era injusto que muera en la cárcel”.
César Nakazaki
El primer ministro, Aníbal Torres, se mostró en contra de la decisión del tribunal porque dijo “garantiza la impunidad” y vulnera los derechos de los familiares de las víctimas.
“Se tiene que acatar, nadie está discutiendo eso, pero eso no quiere decir que no se puede criticar la sentencia porque afecta a los derechos fundamentales“, dijo a la radio RPP.
Una fuente había anticipado a Reuters la resolución del tribunal.
Grupos de izquierda convocaron protestas más tarde el jueves. El primer indulto llevó a miles a salir a las calles.
Observadores y opositores habían denunciado que el indulto recibido por Fujimori había sido producto de una negociación política, porque el beneficio se le concedió poco después de que Kuczynski logró eludir su destitución en el Congreso gracias al voto de legisladores vinculados al partido del exmandatario.
Gisela Ortiz, exministra de Cultura y familiar de una de las víctimas, rechazó el fallo y afirmó que espera ahora la reacción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Como familiares sentimos que nuestro derecho ha sido atropellado”.
La Corte Suprema había anulado el indulto a Fujimori tras considerar que hubo irregularidades en el proceso y que el beneficio carecía de razones jurídicas. Además, alegó que Fujimori no sufría de una enfermedad terminal.
El recurso de ‘habeas corpus’, que sostiene que la integridad y derechos constitucionales de Fujimori fueron vulnerados, fue presentado en 2020 por un abogado independiente que no forma parte de la defensa legal del exmandatario.
Sus simpatizantes lo recuerdan como un líder de mano dura que salvó al país del terrorismo y una hiperinflación del 7.500% cuando el profesor de matemática llegó al poder.
Pero sus detractores afirman que fue un déspota que disolvió el Congreso en 1992, juzgó a sus enemigos de movimientos insurgentes ante tribunales encapuchados y violó los derechos humanos para mantenerse durante una década en el poder.
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