Alícuotas de las ciudadelas ahora también cubren servicios de seguridad

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Autor:

Teresa Menéndez

Actualizada:

8 May 2022 - 0:05

Los moradores de la tercera etapa de la Alborada, norte de Guayaquil, instalaron cámaras de seguridad en 2019, frente a la creciente ola delictiva en la ciudad. - Foto: Teresa Menéndez

Alícuotas de las ciudadelas ahora también cubren servicios de seguridad

Autor:

Teresa Menéndez

Actualizada:

8 May 2022 - 10:52

Ante la ola delictiva que enfrenta Guayaquil y las ciudades vecinas, los moradores se organizan para instalar cámaras de seguridad y contratar servicios de guardianía.

Los casi 500 asesinatos registrados en Guayaquil, Durán y Samborondón en lo que va de 2022 lleva a los vecinos a buscar alternativas de seguridad.

Por ello cada vez son más comunes ciudadelas con cámaras de videovigilancia, guardias privados y diversos controles, gestionados con sus propios recursos.

Villa Bonita, en el plan municipal Mi Lote, es muestra de ello. Recientemente, fue blanco de un atentado con explosivos, que causó daños en un vehículo y en la fachada de una vivienda.

Aunque la explosión ocurrió en la primera etapa, el estruendo y el miedo alcanzaron hasta la etapa dos. Uno de sus moradores -quien pidió la reserva de su nombre- reveló a PRIMICAS que el estallido se escuchó hasta su dormitorio.

Sus residentes dicen que es la primera vez que ocurre algo así. José Wininter, presidente de la Asociación de Propietarios de Villa Bonita 2, indicó que el conjunto cuenta con 28 cámaras y un botón electrónico en el portón de ingreso a la ciudadela.

Además, cada morador tiene un llavero electrónico para acceder a las áreas de uso común como canchas deportivas, entre otras.

Fachada del ingreso de la etapa dos de Villa Bonita, del plan municipal Mi Lote, en la parroquia Pascuales.

Fachada del ingreso de la etapa dos de Villa Bonita, del plan municipal Mi Lote, en la parroquia Pascuales. Cortesía

Una compañía de seguridad se encarga de la vigilancia y el control en las 18 etapas de Villa Bonita. Cada una de las 230 familias cancela USD 27 mensuales, que cubre seguridad y mantenimiento de diversas áreas.

Similar mecanismo implementaron los moradores de la tercera etapa de la Alborada. En 2019, colocaron siete cámaras en los postes. “La inseguridad no da tregua y decidimos protegernos”, contó Elena Astudillo, residente desde hace 45 años y encargada de la guardianía.

Recuerda que cada cámara costó en promedio USD 100 más la instalación que la cubrió un vecino, quien falleció hace unos meses por Covid-19.

Sus habitantes además son parte de un chat comunitario con la Policía Nacional. Pero son los mismos residentes los que monitorean las cámaras. “Hasta ahora, gracias a Dios, no ha ocurrido nada”, comenta.

Diez familias pagan USD 27 por el servicio de guardianía las 24 horas, los 365 días del año.

En urbanizaciones como La Puntilla (Samborondón), el autoblindaje es mayor. Fernando Huamán, presidente del Comité de Moradores, solo registra un intento de ingreso de delincuentes por la ría, hace cuatro años.

Por eso en 2018, instalaron un centro de monitoreo, con ocho televisores y 110 cámaras de seguridad en puntos estratégicos de la urbanización. “Tenemos una empresa de seguridad privada, armada. Tuvimos que contratar un turno más por la creciente inseguridad, son seis turnos las 24 horas”, detalló.

Imágenes del centro de monitoreo y otras medidas de protección en la urbanización La Puntilla, por la ola de inseguridad en Guayas.

Imágenes del centro de monitoreo y otras medidas de protección en la urbanización La Puntilla, por la ola de inseguridad en Guayas. Cortesía

Disponen también de un cerco eléctrico en más de 1.500 metros lineales y 18 reflectores. “Toda la ría está asegurada, nosotros como administración instalamos gratuitamente un cerco eléctrico y concertina en las viviendas cercanas a la ría”, agregó.

En esta urbanización viven 300 familias, cada una paga una alícuota promedio de USD 121, que varía según el metraje cubierto.

Rol de la Policía Comunitaria

La Policía Nacional implementó el programa de Policía Comunitaria en 2003, con la finalidad de tener un contacto más directo con los habitantes de los barrios.

En los 12 distritos de la zona 8, existen 171 Unidades de Policía Comunitaria (UPC) con un total de 126 servidores policiales.

Robinson Sánchez, jefe de Policía Comunitaria de la zona 8, explicó que los uniformados asignados a las UPC tienen la tarea de mantener esa comunicación con los moradores.

Lo hacen a través de chats, botones de seguridad, asambleas comunitarias, entre otras acciones. En total, han generado 24.301 contactos ciudadanos entre enero y abril de 2022.

Son más de 703.000 ciudadanos ingresados al sistema de botón de seguridad.

El policía resaltó las iniciativas ciudadanas. “Los barrios se organizan implementando cámaras de videovigilancia y alarmas comunitarias, porque la seguridad no solo es tarea de la Policía, también de la comunidad”, dijo.

Aunque indicó que el monitoreo de estas cámaras es verificado por los servidores de las UPC, los tres sectores consultados por PRIMICIAS dijeron que no tienen conexión con la Policía.

Más allá de las UPC, los servidores policiales recorren los sectores para interactuar con los ciudadanos.

“Frente al alto índice de inseguridad, propiciado por la presencia de drogas, la Policía Comunitaria busca frenar el expendio y el consumo entre los jóvenes”, manifestó.

Hasta el momento, han visitado ocho sectores de la zona 8, entre ellos Villa Bonita.

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