Juez acepta acción de protección con medidas cautelares. Conorte y Concegua tienen desde el año 2000 la concesión de 662 kilómetros, que representa el 74% de la red vial de la provincia. Ambas se niegan a cancelar la multa de USD 21 millones.
La justicia da un revés a la prefecta socialcristiana del Guayas, Dalia Susana González Rosado.
Un juez deja sin efecto la multa de USD 21 millones que la Prefectura del Guayas impuso a las dos concesionarias viales de la provincia.
Dennis Ugalde Álvarez, juez de Garantías Penales de la Unidad Judicial Sur de Guayaquil, aceptó el 8 de octubre de 2020 la acción de protección con medida cautelar que planteó, el 28 de septiembre de 2020, la Concesionaria del Norte (Conorte S.A.) "por violación del derecho a la defensa".
Así lo informó el abogado de esa compañía, Joffre Campaña.
Juez concede Acción de Protección a favor de concesionaria CONORTE S.A. por violación al derecho a la defensa. Deja sin efexto .ulta de 21'000.000. Pese a ello, reitero en mi llamado al diálogo a la señora Prefecta @6SusanaGonzalez
— Joffre Campaña Mora (@joffrecampana) October 8, 2020
De hecho, el Gobierno del Guayas inició, el 28 de septiembre de 2020, el proceso para dar por terminado de forma unilateral el contrato de la concesión vial en la provincia. Es decir, el mismo día que Conorte planteó la acción de protección.
La prefecta del Guayas, Susana González, en una rueda de prensa sobre el incumplimiento de concesionarias viales, el 5 de octubre de 2020. Cortesía Prefectura
74% de red vial concesionado
El 74% de los 986 kilómetros de la red vial en Guayas fue entregado en 2000 a dos empresas, que facturan USD 131 millones anualmente. Ambas comparten el mismo accionista: Hidalgo & Hidalgo, cuyo representante está vinculado en el caso Sobornos 2012-2016.
La concesiones de los 662 kilómetros de vías en Guayas han resultado un negocio rentable para las empresas Conorte S.A. y Concesionaria del Guayas (Concegua S.A.).
Ambas se encargan del mantenimiento, rehabilitación y administración de las vías a través de estaciones de peajes. Lo hacen desde el año 2000, tras los contratos firmados en la prefectura del socialcristiano Nicolás Lapentti.
La Prefecta y la doble multa
La prefecta González anunció una auditoría a las obras que no han realizado estas empresas en las vías que administran.
“Son USD 500 millones que debían ser invertidos en obras entre 2000 a 2020, pero no se hizo tal inversión”, dijo González el 15 de septiembre.
Estas empresas no solo enfrentan un examen especial de la Contraloría General del Estado, que deberá concluir en 120 días, sino que también fueron multadas en dos ocasiones.
La funcionaria cuestionó los contratos con Concegua y Conorte. El pasado 15 de septiembre multó a ambas compañías con USD 3 millones. Mientras que el 24 de septiembre replicó la acción, esta vez por USD 25,8 millones.
La mayor cantidad le correspondía pagar a Conorte, pero con la acción de protección a su favor se suspende esa multa y, por consiguiente, el pago de USD 21 millones.
Hidalgo & Hidalgo detrás de todo
En noviembre de 2019, cuando faltaban dos años para que la concesión termine, el contrato fue ampliado hasta 2026.
Además solo en 2019, Conorte percibió ingresos por USD 73 millones, mientras que Concegua facturó USD 58 millones.
Ambas compañías tienen a los mismos accionistas. El mayor de ellos es Hidalgo & Hidalgo (H&H), una de las empresas constructoras más grandes del país.
Además, uno de los representantes de H&H, Alberto Hidalgo, es parte de la trama del Caso Sobornos 2012-2016. El pasado 7 de septiembre, los jueces ratificaron la sentencia de primera instancia de ocho años en calidad de autor.
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