La entrada en vigencia del proyecto económico urgente del Ejecutivo, este 1 de enero, genera debate por la actuación de la Asamblea Nacional. Las críticas se centran en que uno de los artículos del veto no tuvo los votos para aprobarlo o negarlo, por lo tanto no podría aún ser ley.
La Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria entró en vigencia desde este 1 de enero de 2020. Tras la resolución de la Asamblea Nacional, el Registro Oficial la publicó en su suplemento 111, del último día del año pasado.
Sin embargo, las críticas a la decisión del Legislativo señalan un posible vicio de inconstitucionalidad en la vigencia de la normativa. Ya que una disposición quedó en el aire, porque no obtuvo los votos para aprobar la propuesta del presidente Lenín Moreno o ratificar el texto del Parlamento.
Se trata de la propuesta del Ejecutivo de gravar con Impuesto a la Renta los dividendos repartidos por empresas en Ecuador a sus accionistas en el exterior, que es la que finalmente entró en vigencia con la publicación de la Ley.
El 30 de diciembre de 2019, y en pleno feriado nacional, el Legislativo solucionó ese supuesto vacío legal en la promulgación de la normativa. Sin embargo, algunos legisladores han señalado ya que, incluso, podría haber repercusiones jurídicas contra quienes votaron por esta resolución.
La Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria, clave para el ajuste fiscal, fue aprobada el 17 de diciembre y con ella el Estado busca recaudar unos USD 540 millones en 2020 y una cifra similar en 2021.
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