Nicaragua vive una crisis sociopolítica desde abril de 2018 cuando empezaron las protestas ciudadanas contra el Gobierno, que dejaron al menos 328 fallecidos, y se alista para una jornada de elecciones el próximo 7 de noviembre.
En el marco del proceso electoral, las autoridades han establecido leyes restrictivas, eliminado a tres partidos políticos, y desatado una ola de arrestos que ha llevado a prisión a más de 30 líderes opositores y profesionales independientes, incluyendo a siete aspirantes a la Presidencia por la oposición.
Ortega busca su tercera reelección consecutiva, para un cuarto periodo de cinco años y segundo con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta.
En Nicaragua, un país de 6,5 millones de habitantes, unos 4,3 millones están habilitados para votar y elegir presidente y vicepresidente, 90 diputados nacionales y otros 20 ante el Parlamento Centroamericano.
32 líderes de la oposición detenidos
La última en quedar fuera de la carrera electoral fue la exreina de belleza de Nicaragua 2017 Berenice Quezada, que aspiraba a la Vicepresidencia por la opositora Alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL).
La exMiss Nicaragua 2017 fue detenida a petición de un grupo de ciudadanos que se identifican como "víctimas y familiares del terrorismo golpista de 2018", afines al Gobierno, que solicitaron la inhabilitación a su candidatura por supuesta apología del delito e incitación al odio.
Con Quezada son 32 los líderes y dirigentes opositores, entre ellos siete aspirantes a la Presidencia, que han sido detenidos desde el 28 de mayo pasado.
La exreina de belleza se convirtió en la primera candidata inscrita en ser detenida e inhabilitada, apenas un día después de haberse registrado ante el Poder Electoral.
Agrupaciones políticas canceladas
El Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua también ha cancelado la personalidad jurídica a tres partidos políticos, y el Parlamento, donde el oficialismo tiene mayoría absoluta, reformó la Ley Electoral, la cual estableció un mayor control en la estructura electoral a favor de los sandinistas.
La última resolución de este tipo se tomó el viernes. El Consejo resolvió este viernes sacar del proceso de elecciones a la opositora Alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL) que encabezaba una alianza electoral junto a un partido indígena y una organización cívica.
La presión internacional
- La Unión Europea
La Unión Europea (UE) anunció, la semana pasada, sanciones contra la vicepresidenta de Nicaragua, la esposa del presidente Daniel Ortega, un hijo del matrimonio y a otros seis funcionarios por graves violaciones de los derechos humanos en el país, tras la reciente ola de detenciones de figuras opositoras.
Estas personas verán congelados sus activos en la UE y no podrán recibir fondos de ciudadanos y empresas del viejo continente. "También están sujetos a una prohibición de viajar, lo que les impide entrar o transitar por los territorios de la UE", agregó el bloque comunitario en un comunicado, donde los responsabiliza de "acciones que socavan la democracia y el Estado de Derecho" en la nación centroamericana.
- Canadá
El gobierno de Canadá estableció sanciones económicas y de carácter migratorio contra una de las hijas del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y otros 14 funcionarios locales, en respuesta a las violaciones de derechos humanos que, denunció, se están cometiendo en el país centroamericano.
En un comunicado, la cancillería canadiense explicó que a los sancionados se les prohíbe realizar transacciones con ciudadanos y empresas del país norteamericano y se les declara "inadmisibles" en Canadá bajo la Ley de Protección de Inmigración y Refugiados.
- Estados Unidos
Estados Unidos impuso el lunes restricciones de visado a 100 nicaragüenses miembros la Asamblea Nacional y al sistema judicial de Nicaragua y advirtió de posibles nuevas medidas, con lo que sube la presión sobre el gobierno del presidente Daniel Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
"Estados Unidos continuará usando las herramientas diplomáticas y económicas a nuestra disposición para presionar por la liberación de los presos políticos y para apoyar el clamor de los nicaragüenses por una mayor libertad, responsabilidad y elecciones libres y justas", dijo secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en un comunicado.
La prensa silenciada
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) entregó, a mediados de julio, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe sobre "la caótica situación en Nicaragua" y la violación sistemática de las libertades de prensa y de expresión por parte del régimen del presidente Daniel Ortega.
La comisionada Antonia Urrejola resaltó la importancia de este informe de la SIP y condenó que en Nicaragua "no sea posible manifestarse sin ser acallado inmediatamente". Dijo que en el país existe un estado de excepción de facto y que "en Nicaragua no se respira democracia ni libertades civiles".
Tras sostener reuniones con periodistas, directivos de medios, dirigentes de la oposición, académicos, empresarios, representantes de la sociedad civil y de la Iglesia Católica, la SIP concluyó que "el cerco sobre el periodismo libre se va cerrando día a día".
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, detalló los problemas principales para el ejercicio del periodismo en Nicaragua: "el éxodo de personal y directivos de los medios; dificultades para acceder a insumos esenciales; presiones a anunciantes; retenes policiales frente a redacciones o domicilios de periodistas; estigmatizaciones y amenazas para generar autocensura; menor actividad de las redes sociales por temor a ser perseguido; falta de acceso a información pública; concentración de medios en manos del Estado o de la familia gobernante y el creciente pedido de las fuentes para que no se las consulte o al menos no se las mencione".
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