Más de 4,4 millones de nicaragüenses están convocados para acudir a las urnas el domingo 7 de noviembre, con el objetivo de elegir al presidente y vicepresidente de Nicaragua, 90 diputados para la Asamblea Nacional y 20 representantes del Parlamento Centroamericano.
El Consejo Supremo Electoral (CSE) informó que desde el sábado quedan conformadas las 13.459 Juntas Receptoras de Votos (JRV), ubicadas en 3.106 Centros de Votación, que abrirán sus puertas desde las 07:00 hora local del domingo, en los 153 municipios de Nicaragua.
Las autoridades electorales, que cuentan con un presupuesto equivalente a USD 21,8 millones para organizar las elecciones, tardaron seis días en distribuir unas 5,3 millones de boletas en los 15 departamentos (provincias) y dos regiones autónomas del Caribe.
Aunque oficialmente el padrón electoral está calculado en 4,4 millones de nicaragüenses, en días recientes el Poder Electoral anunció que admitirá votantes con sus cédulas vencidas, lo que, según medios regidos por el Gobierno, elevó a 4,87 millones el universo de votantes.
En la contienda electoral participa el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido de Gobierno, así como el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), el Partido Liberal Independiente (PLI), la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Camino Cristiano Nicaragüense (CCN), la Alianza por la República (Apre).
El Consejo Supremo Electoral eliminó a tres partidos opositores, siete aspirantes a la Presidencia por la oposición fueron encarcelados y dos se exiliaron tras conocer órdenes de captura en su contra.
De la mano del presidente Daniel Ortega y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, el FSLN es el favorito para ganar unas elecciones que opositores y defensores de derechos humanos han calificado de “fraudulentas”.
A la vez que la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea, y diversos países, han mostrado sus reservas sobre la legitimidad de los resultados.
Ortega y Murillo, quienes en varias ocasiones ya se han proclamado ganadores de los comicios y reclaman a la comunidad internacional no meterse en “asuntos internos” de Nicaragua. Además, prometen mantener al país por el camino que denominan “revolución”.
Para garantizar la confianza en las elecciones, el Ejecutivo designó a 15.000 efectivos del Ejército de Nicaragua y 16.665 agentes de la Policía Nacional, quienes se encargarán de mantener la seguridad, tanto dentro como fuera de los Centros de Votación.
El Gobierno nicaragüense también ha buscado crear confianza a través de los llamados “acompañantes electorales”, un grupo de más de 200 políticos de diferentes países que, según Urnas Abiertas, son “militantes sandinistas” extranjeros, que sustituirán la figura del “observador electoral”, recientemente anulada de la legislación nicaragüense.
Un proceso lleno de violencia
Aunque se espera que las elecciones se desarrollen sin alteraciones, el observatorio multidisciplinario Urnas Abiertas ha advertido que en los últimos 12 meses se registraron 1.656 hechos de violencia política, 120 de estos en octubre pasado, que incluyeron “asedios focalizados, hostigamiento, citatorias y amenazas”, supuestamente de parte de empleados e instituciones “estatales y paraestatales”.
Murillo, cuyo esposo también es jefe de la Policía y de las Fuerzas Armadas, y controla todos los Poderes del Estado, ha afirmado que el proceso electoral se ha desarrollado “en paz, tranquilo”.
De lograr su objetivo en las elecciones, Ortega, quien cumplirá 76 años el próximo 11 de noviembre, los últimos 42 con un dominio casi absoluto de la política nicaragüense, alcanzaría su cuarto mandato consecutivo y sexto en total, si se incluyen los primeros dos que le permitieron gobernar entre 1979 y 1990.
Con un total de 26 años como jefe de Estado, Ortega es el hombre con más tiempo en el poder, incluso sobre los dictadores Anastasio Somoza Debayle (1956-1963, 1972-1979), y su padre, Anastasio Somoza García (1937-1947, 1950-1956).
Más de 200.000 personas han optado por abandonar Nicaragua en el contexto electoral, según la organización Nicaragüenses en el Exterior (NEEM), cantidad que casi duplica el éxodo de 108.000 registrados entre 2018 y 2020 por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
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