Se presentan varias denuncias de ataques a periodistas durante protestas en Ecuador
El periodista Freddy Paredes trasladado por paramédicos de la Cruz Roja tras ser agredido, el pasado 10 de octubre de 2019.
Cortesía UdlaChannelEc
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La Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios, Fundamedios, ha remitido a la Corte Nacional de Ecuador, a la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo un informe sobre los numerosos ataques a periodistas y medios de comunicación que se produjeron en la reciente ola de violencia a principios de mes.
La ola de protestas estalló a raíz de un decreto presidencial que suspendía los subsidios a la gasolina y elevaba el precio del transporte.
El informe es una recopilación de estos casos ocurridos en las protestas entre el 03 y 14 de octubre, en los que se registraron más de 130 agresiones a medios y representantes de medios, una cifra sin precedentes en el país.
"El propósito fundamental es que se genere una exhaustiva investigación de los hechos y una judicialización si algún caso lo amerita", indica un comunicado de la ONG ecuatoriana Fundamedios.
Entre las agresiones más graves estuvieron la que sufrió el periodista de Teleamazonas, Freddy Paredes, quien recibió una pedrada detrás de la cabeza, o los ataques con cócteles Molotov y asalto por manifestantes a ese mismo medio y al diario El Comercio.
Pero también hubo hostigamiento a reporteros de medios locales durante las coberturas de las manifestaciones y la retención de una treintena de periodistas en el Ágora de la Casa de la Cultura, donde se concentraba el movimiento indígena.
En el marco de los violentos sucesos del paro nacional, la organización recopiló información sobre 116 actos violentos contra la prensa y 138 periodistas agredidos.
Alrededor de un 30 por ciento de esas agresiones y violaciones a la libertad de prensa provinieron de parte de las fuerzas del orden, y un 70 por ciento de los distintos grupos de manifestantes.
Para Fundamedios estos ataques deben ser investigados y "no pueden quedar impunes".
En once días de violentas manifestaciones murieron al menos seis personas y más de 1.340 resultaron heridas.
La ola de violencia fue sofocada en un proceso mediado por la ONU y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana en el que Moreno derogó el decreto y abrió mesas de diálogo con los diferentes sectores sociales.
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