Tambalea el acuerdo de 'gobernabilidad' entre el Ejecutivo y la Asamblea

Por cuerda separada, los asambleístas Yofre Poma del bloque Revolución Ciudadana (RC) y Raúl Tello de Bloque de Acción Dmeocrática Independiente (BADI) entregaron pedidos para impulsar un juicio político contra el ministro de Finanzas, Richard Martínez. 

Poma quiere censurar a Martínez porque supuestamente no habría entregado a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (Gads) USD 2 por cada barril de petróleo extraído, fijados en la Ley Amazónica y en la Ley de Desarrollo Fronterizo. Su pedido reunió 37 firmas.

Tello busca lo mismo, por incumplimiento de funciones ante la falta de pago de las pensiones a los maestros jubilados. Su petición obtuvo 41 firmas de respaldo. Lo paradójico es que el BADI es, presuntamente, aliado del gobierno, e integrante del 'acuerdo de gobernabilidad'.

A la voluntad de 32 asambleístas del correísmo representado por el bloque de Revolución Ciudadana (RC) se han sumado varios legisladores que ya no se consideran parte del oficialismo, esto es AP y aliados.

Carlos Bergman, Kharla Chávez, Silvia Salgado y Juan Pablo Velín, que el 14 de mayo pasado formaron parte del grupo AP-Aliados que apoyó la elección de las autoridades de la Asamblea para el periodo 2019 - 2021, constan entre los firmantes del pedido de Yofre Poma junto con la independiente Mae Montaño. 

CREO también muestra desarticulación. El asambleísta Homero Castanier, forma parte del grupo que respalda el juicio a Martínez.

En paralelo, Lourdes Cuesta, disidente de CREO y Roberto Gómez, militante de ese partido, empezaron a recolectar firmas para enjuiciar a la ministra del Interior, María Paula Romo, por presunto mal uso de bienes públicos.

¿Qué sucedió con el acuerdo fomentado por Romo, cuyas bases cimentaron las bancadas de AP-aliados y CREO, además congregó a los bloques SUMA, BIN y BADI. Y, abarcó el reparto de las comisiones legislativas?

Un acuerdo frágil

Las mesas de los Trabajadores y de Gobiernos Autónomos no han trabajado. Relaciones Internacionales y Derechos Colectivos, apenas han funcionado.

A estos problemas se añaden los dos pedidos de juicio contra Martínez, justo cuando el Gobierno se apresta a enviar, a finales de agosto, un paquete de reformas económicas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El exdiputado del Congreso Nacional por tres ocasiones, Gilberto Vaca, manifiesta que los acuerdos para elegir autoridades en el legislativo, suelen dejar de lado el tema de la fiscalización a los funcionarios sujetos al control político. 

Por eso no le extraña que los llamados a Martínez y Romo estén respaldados por asambleístas de organizaciones políticas que fueron parte del pacto.

Sin embargo, considera que los firmantes deberían advertir que este momento no conviene lanzarse en un juicio contra el ministro de Finanzas, quien fue parte de las misiones que alcanzaron el acuerdo con el FMI.

Peor aún, si la arquitecta del pacto Gobierno-Asamblea, María Paula Romo, llegase a ser enjuiciada, significaría que tal convenio fue un completo fracaso.