De la ratificación al rechazo en las urnas, 2025 fue un año de reajustes y tropiezos para el Gobierno

Lo que debía ser un año de consolidación de los planes políticos y de la popularidad del presidente Daniel Noboa terminó siendo un tiempo de pulsos políticos, crisis agravadas, hermetismo, tropiezos legales, planes frustrados y polémicas.

El Primer Mandatario arrancó 2025 con el optimismo de buscar su permanencia en Carondelet. Tras cerrar un breve periodo en el que, pese a los problemas internos y externos, logró aprobar reformas legales en la Asamblea y en las urnas, esquivar las denuncias de excesos y corrupción, y apuntalar un discurso de cambio económico y social con videos en redes sociales.

Es por eso que su primer acto del año fue una 'autoconvocatoria' con sus simpatizantes en la Plaza Grande, en Quito. Desde la terraza del Palacio, Noboa usó un micrófono para augurar su éxito electoral y pedir a la ciudadanía que le dé una mayoría legislativa, para cumplir así sus más ambiciosas promesas.

Y mientras preparaba motores para su campaña por la reelección, buscó todas las opciones legales posibles para esquivar el encargo de la Presidencia a Verónica Abad, designar dos vicepresidentas temporales, encargar su puesto y no tomar licencia durante la totalidad de la contienda.

Reorganizó su gabinete porque varios ministros fueron candidatos. Multiplicó los bonos e incentivos económicos: Incentívate Emprendedor; otro para policías y militares; otro para migrantes retornados; otro único para agricultores; y el de Ecuatorianos en Acción. Y la distribución de maquinaria e insumos agrícolas y títulos de propiedad se dispararon.

También hubo golpes de efecto. Ante el fantasma de una desdolarización, ratificó simbólicamente al dólar como único medio de pago oficial del país. Eliminó el IVA para la comida de mascotas. Derogó cinco decretos de Guillermo Lasso con indultos grupales a presos.

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Y, finalmente, los votantes, alejados del correísmo o buscando nuevas opciones, ratificaron al Mandatario en las elecciones y le dieron una segunda oportunidad, esta vez, de cuatro años en el sillón presidencial. Lo que Noboa y su equipo no entendieron fue que no se trataba de un 'cheque en blanco'.

El punto de inflexión: la posesión

Cuando la nueva bancada de Acción Democrática Nacional (ADN) llegó a la Asamblea Nacional, el oficialismo empezó a delinear su trayectoria y a mostrar lo que para ellos significó la victoria en las elecciones generales.

Convenciendo a legisladores de otras agrupaciones, lograron aglutinar los números suficientes para ser la primera minoría del Legislativo y encargarse de bloquear a la Revolución Ciudadana de todos los espacios de poder. Incluso de aquellos que legítimamente le correspondían.

Y, una vez posesionado nuevamente en el cargo, el presidente Noboa y su equipo aceleraron las reformas legales que habían anhelado para concretar varios de sus planes, con la ayuda del bloque legislativo oficialista y de sus aliados.

Las polémicas leyes urgentes llegaron a la Asamblea una tras de otra, amparadas en los estados de excepción. Y vulnerando el proceso legislativo —como lo determinó la Corte Constitucional— , ADN aprobó normativas sin unidad de materia, con reformas incluidas a última hora, sin respetar el proceso legislativo y sin permitir el necesario debate.

Esas leyes, celebradas por el oficialismo, golpearon al sector público, restaron beneficios, incrementaron la militarización, el uso de la fuerza y la vigilancia de la ciudadanía, mermaron el debido proceso judicial. Hubo de todo. Reformas penales, monetarias, de movilidad humana, de cooperativas y hasta cambios para juzgar como adultos a los menores de edad. Se declaró una emergencia judicial y, poco a poco, fue desapareciendo la deuda de Exportadora Bananera Noboa con la autoridad tributaria.

Pero el Ejecutivo no previó que la ciudadanía iba a presentar cerca de 50 demandas de inconstitucionalidad contra esas iniciativas. Lo que permitió que la Corte Constitucional (CC) tirara abajo dos de las tres principales leyes oficialistas, Integridad Pública y Solidaridad Nacional, por haber incumplido con el trámite formal en el Legislativo.

Y esto abrió una faceta del Gobierno que no se había visto: una campaña de presión directa contra los magistrados constitucionales. Discursos, señalamientos, videos en redes, amenazas de desalojo... Ahí volvieron las 'autoconvocatorias' ciudadanas de respaldo al Mandatario, organizadas principalmente por los ministros y autoridades locales.

A la par, a partir de agosto, el presidente Noboa insistió en empujar sus propuestas a través de las urnas y presentó una quincena de propuestas de reformas constitucionales y consultas populares. La mayoría también encontraron freno en la Corte Constitucional, que llamó la atención al Mandatario por abusar de esta medida según las coyunturas.

Sin embargo, el Ejecutivo no se frenó. Y el 12 de septiembre eliminó el subsidio al diésel, lo que provocó que el descontento popular empiece a crecer en las calles. Pero las acciones del Gobierno, cuestionadas por organismos de derechos humanos, locales e internacionales, lograron mantener ese descontento desarticulado.

El epicentro de las protestas fue en Imbabura, con focos en el norte de Pichincha y en zonas rurales de Cañar, Bolívar y Chimborazo. Y ahí empezó a reflejarse que las protestas no eran solo por el incremento en el costo del combustible, sino por las crisis arrastradas y agravadas por las que nadie en el oficialismo respondía.

La crítica situación de los hospitales, sin insumos, medicinas, turnos y hasta falta de alimentos; y la crisis de inseguridad, con un repunte de muertes violentas que convirtieron a 2025 como el año más letal de la historia, pese a la constante propaganda sobre las detenciones de cabecillas de las bandas.

A esto se sumó a la militarización del país, especialmente de los sectores populares, bajo el argumento de la guerra contra el crimen organizado. Todo esto bajo la sombra del cruento caso "las Malvinas", que ha perseguido durante todo el año a las Fuerzas Armadas y al respaldo irrestricto que les ha dado el Mandatario, acompañado del silencio férreo del Ejecutivo.

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Y ese respaldo político y jurídico exigió resultados, justamente durante el paro, que terminó después de un mes de represión de toda protesta pacífica, pero también de violentos enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los manifestantes, que dejaron centenares de heridos y tres civiles muertos.

Así llegó Daniel Noboa a otra medición en las urnas, donde prometía solucionar varios problemas del país con bases militares extranjeras, una nueva asamblea constituyente, reducción de asambleístas y eliminación del financiamiento estatal de las organizaciones políticas.

La campaña se concentró principalmente en redes sociales y en las entrevistas del Mandatario, que proliferaron en esas semanas. Sin embargo, el discurso presidencial y de sus ministros infundieron dudas y minaron su credibilidad. 

El Gobierno hablaba de quitar la prestación de salud al Instituto de Seguridad Social (IESS); de instalar una base militar de Estados Unidos en Galápagos; de expandir la explotación minera; y criticaba la existencia de beneficios laborales (décima tercera remuneración y décimo cuarto sueldo).

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En medio de este escenario, la falta de respuestas claras y argumentos concretos del Primer Mandatario, la ausencia de diálogo con otros sectores sociales y políticos, la cuantiosa propaganda gubernamental que muestra un país en el que la mayoría de los ciudadanos no viven, recibieron un llamado de atención.

La población castigó la gestión de Noboa en las urnas, donde todas sus propuestas perdieron. Y la respuesta desde Carondelet fue el silencio y la desaparición del Mandatario de la escena pública, mientras sus voceros intentaban disimular el revés electoral, después de un mini reacomodo del gabinete ministerial.

El secretismo sobre la agenda del Jefe de Estado también alcanzó niveles nunca antes vistos. Sus funcionarios de confianza incluso justificaron una cuestionada declaración de confidencialidad del viaje a Estados Unidos, apenas perdió la consulta popular y referendo. 

Se trata de la misma estrategia utilizada por el Gobierno de 'nuevo Ecuador' para impedir la transparencia de contratos polémicos como los de Healthbird y Palantir, con millonarios costos y misteriosos procesos de selección y ejecución. 

Esto se aplica también con compras regulares, como las del Ministerio de Defensa, que se ha convertido en una bóveda de los gastos militares. O con obras clave, como la cárcel de Santa Elena, donde el Ejecutivo ha ordenado que nadie podrá acercarse a la construcción de la que tampoco se sabe nada, pese a que se inauguró con apenas el 40% de su ejecución.

Todo esto ha sumado más dudas que certezas sobre la gestión del presidente Noboa y lo que se puede esperar para los siguientes tres años. Además, la respuesta ciudadana demuestra que las redes sociales ya no alcanzan y que los intereses de los electores no respaldan las nuevas medidas y propuestas de ADN, que no concuerdan con lo ofrecido en su plan de gobierno.