Al menos, 17 alcaldes están contagiados con Covid-19

De los 221 alcaldes del país, 17 están contagiados con coronavirus, según un reporte de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME).

Lo dijo Karin Jaramillo, técnica de la AME, durante su comparecencia ante la Asamblea Nacional para explicar los alcances del proyecto de ley para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas y la posible afectación a los gobiernos locales.

La funcionaria afirmó, además, que unos 100 funcionarios municipales han fallecidos durante el ejercicio de sus funciones.

Uno de ellos fue el vicealcalde de Salitre, Jorge Washington Orlando Semería, de 75 años, quien falleció el 25 de marzo del 2020.

Autonomía de las Municipalidades y Prefecturas

Jaramillo reconoció que el proyecto del Ejecutivo intenta poner en orden el manejo presupuestario del Estado, pero cuestionó que en ese proceso se está atentando a la autonomía de los gobiernos seccionales, especialmente de los municipios.

Con ella coincidió el presidente del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (Congope), Pablo Jurado, quien también se mostró abierto para que se reforme el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en favor de la consolidación fiscal.

Jurado cuestionó, sin embargo, que se atentan contra la autonomía de las prefecturas que sobreviven actualmente con "pocos recursos".

La propuesta establece que el Ministerio de Finanzas pondrá establecer los techos de presupuesto y valorará las necesidades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).

Los municipios, además, quieren manejar su propio fondo para luchar en contra de los riesgos fiscales.

Jaramillo dijo que esas prácticas eran frecuentes hasta hace dos años y considera que los municipios deben manejar, de manera autónoma, un 3% de su presupuesto para ese fin.

Según el texto del proyecto de ley, los riesgos son los factores o eventos imprevistos que pueden hacer que los ingresos, los gastos, el financiamiento, los activos y los pasivos se desvíen de las previsiones de la programación fiscal.

Y el Ejecutivo plantea que para la mitigación de esos riesgos haya una asignación de máximo 3% del gasto total del presupuesto general del Estado.

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