Finanzas insiste, por ejemplo, en crear un nuevo Fondo de Estabilización. Hasta 2005 funcionó una cuenta parecida: el Feirep, que fue eliminado a instancias del entonces ministro de Economía, Rafael Correa.
El trámite de la Ley Orgánica para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas ya empezó en la Asamblea. La Comisión de Régimen Económico es la encargada de elaborar el informe para el primer debate en el Pleno.
Esta ley, que fue enviada por el presidente Lenín Moreno -con carácter económico urgente, la noche del 16 de abril- es, básicamente, una reforma al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (Coplafip).
El Gobierno insiste en varias propuestas para el manejo fiscal: un seguro petrolero, la creación de un fondo de estabilización o nuevos límites para las modificaciones del presupuesto general del Estado.
La Asamblea tiene 30 días de plazo para aprobar o negar esta iniciativa.
El Fondo de Estabilización
La ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas quiere revivir un ‘cuco’ del gobierno anterior: el Fondo de Estabilización Fiscal.
El proyecto de ley plantea la creación de un fondo se financiará con los “ingresos provenientes de la explotación y comercialización de recursos naturales no renovables”, como el petróleo, y que superen a los contemplados en el Presupuesto.
“Luego de descontar las preasignaciones dispuestas por ley”, dice la propuesta, los excedentes se destinarán a la generación de un “Fondo de Estabilización Fiscal” que permitirá “garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas”.
También, dice el texto, garantizará la ejecución de los gastos en educación y salud.
“El fondo será único y sus reservas no podrán preasignarse o destinarse para financiar ningún gasto adicional al presupuesto inicial”.
Propuesta de Reforma al Coplafip
De aprobarse la ley, Ecuador tendrá un ‘fondo de ahorro’ luego de 15 años.
El extinto Fondo de Estabilización, Inversión Social y Productiva y Reducción del Endeudamiento Público (Feirep) fue eliminado en 2005, por la Asamblea. Uno de sus principales críticos fue el entonces ministro de Economía, Rafael Correa.
El Feirep, orientado al pago de la deuda pública, acumulaba los recursos de la venta del crudo pesado:
- El 70% de los recursos se destinaba a las operaciones de pago y recompra de la deuda pública del país (interna y externa).
- El 20% se usaba para cubrir eventuales desfases presupuestarios.
- El 10% restante de los recursos era destinado para programas sociales.
“El Feirep no tiene sentido técnico ni ético”, declaraba Correa el 21 de abril de 2005, al anunciar la intención de eliminar el fondo.
Límites para modificar el Presupuesto
La nueva reforma al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (Coplafip) tiene elementos muy similares a la propuesta de Ley de Reactivación Económica que fue planteada por el Ejecutivo en octubre de 2019 y que fue archivada por la Asamblea.
Ahora, el Ejecutivo insiste en la necesidad de limitar la discrecionalidad del Ministerio de Finanzas al modificar el Presupuesto aprobado por la Asamblea.
Según la norma vigente, el Ejecutivo puede incrementar el presupuesto hasta en un 15%. La propuesta es bajar ese porcentaje hasta un 5% cada año.
Y establece una excepción: en caso que el presidente de la República requiera incrementar el Presupuesto en un porcentaje superior deberá solicitar la aprobación de la Asamblea.
Un seguro petrolero
El Gobierno vuelve a plantear la posibilidad de que Ecuador cuente con un “seguro petrolero” para protegerse de las fluctuaciones del precio internacional del crudo.
“En este momento, el seguro petrolero hubiese sido de mucha ayuda”, dijo el ministro de Finanzas, Richard Martínez, durante su comparecencia en la Asamblea, el 15 de abril.
Según la propuesta de reforma, el Gobierno deberá contar con un informe previo de las empresas públicas que comercialicen crudo y, con esa base, podrá adquirir “servicios o instrumentar mecanismos para alcanzar un ingreso mínimo derivado de la comercialización de petróleo”.
Esta regla, dice el proyecto de ley, se aplicará para el caso de la “negociación, instrumentación y perfeccionamiento de operaciones de cobertura del ingreso petrolero y los contratos que las precedan”.
Endeudamiento público
La propuesta de ley también propone transparentar las cifras del endeudamiento público.
El Gobierno plantea, por ejemplo, que en la Proforma Presupuestaria de cada año se incluya el nivel anual de endeudamiento neto, calculado como la diferencia entre los desembolsos y las amortizaciones de deuda pública.
La propuesta es que, cada cinco años, Finanzas presente a la Asamblea un informe técnico que incluirá una recomendación para “modificar o mantener el porcentaje de deuda”, que no puede ser mayor al 40% del PIB.
También se plantea otros límites. En una de las disposiciones transitorias se propone que “los incrementos originados en laudos arbitrales y sentencias judicial durante 2020 a 2024 no computarán al límite de modificaciones del PGE“.
Además, la propuesta de ley faculta a la negociación de bonos de manera directa entre las entidades del sector público, siempre y cuando, provean información completa de cada transacción a las entidades de supervisión y control del mercado de valores.
Cetes por Notas del Tesoro
El documento remitido a la Asamblea, la noche del 16 de abril, cambia la figura de Certificados de Tesorería (Cetes) por Notas del Tesoro.
¿El cambio? Finanzas podrá emitir y colocar estos nuevos papeles solamente para administrar deficiencias temporales de caja sin superar el 8% de los gastos totales del Presupuesto General del Estado.
La reforma dice que estas “obligaciones de pago” no constituyen endeudamiento público, excepto la escritura pública de las Notas del Tesoro.
Para evitar viejas prácticas -especialmente las usadas en el Gobierno de Rafael Correa-, se prohíbe que el Banco Central invierta en “Notas de Tesoro” o en cualquier otro título valor emitido por el Estado.
En una de las disposiciones transitorias, se faculta a Finanzas para que, luego de 90 días que haya entrado en vigencia la ley, presente una estrategia para reducir anualmente y de forma progresiva hasta su completa eliminación, los saldos de los Cetes que estén colocados hasta la fecha.
Reducir los riesgos fiscales
El proyecto de “Ley para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas” plantea un mecanismo para la mitigación y la gestión de riesgos fiscales.
Según el texto del proyecto, los riesgos son los factores o eventos imprevistos que pueden hacer que los ingresos, los gastos, el financiamiento, los activos y los pasivos se desvíen de las previsiones de la programación fiscal.
Para mitigar los riesgos fiscales, Finanzas plantea cinco pasos:
- Hacer un levantamiento y análisis de riesgos.
- Realizar una medición y monitoreo permanente de los riesgos relevantes.
- Emisión de acciones y planes de mitigación.
- Hacer un reporte de la materialización de riesgos.
- Evaluar la implementación de las acciones y planes de mitigación ante la materialización de eventos de riesgo
En el caso de que el proyecto sea aprobado en la Asamblea, Finanzas podrá pedir los estados financieros, registros administrativos, datos y otra información de las instituciones públicas que considere necesarios para el cumplimiento de sus responsabilidades.
La propuesta faculta a las instituciones y entidades que conforman el Presupuesto General del Estado, así como a los gobiernos locales, la Seguridad Social, la banca pública, las empresas Públicas para que cooperen con el Ministerio de Finanzas en asuntos relacionados con riesgos fiscales.
Según la propuesta, la mitigación de riesgos fiscales tendrá una asignación de recursos de máximo 3% del gasto total del Presupuesto.
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