El presidente Lenín Moreno ha enviado 18 proyectos de ley a la Asamblea Nacional, solo ocho se convirtieron en leyes. María Paula Romo, ministra de Gobierno, intenta allanar el camino para que las prioridades del Ejecutivo tengan cabida en el Legislativo.
El primer proyecto de ley del presidente Lenín Moreno fue el de Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres, lo envió el 24 de agosto de 2017.
Pero, pese al enorme consenso que concitaba el tema y el compromiso de las bancadas, se demoró siete meses en llegar a ser ley.
En octubre de 2017, llegó la reforma de seguridad social. Ocho meses después entró en vigencia. Así le siguieron cinco más:
- Dos urgentes en materia económica (Reactivación Económica y Fomento Productivo)
- Dos derivados de la consulta popular de febrero de 2018 (Reformas a la Ley del Consejo de Participación Ciudadana y derogación de la Ley para evitar especulación de tierras)
- Las reformas a la Ley de Comunicación, que tomaron nueve meses en llegar al Registro Oficial.
Sin embargo, el escenario político se ha ido complicando con el tiempo. El presidente Moreno no cuenta con la popularidad ni con una mayoría absoluta en el Legislativo, como sí lo hacía su predecesor, Rafael Correa.
Desde que Moreno marcó distancia con el expresidente, en julio de 2017, su capital político empezó a desmoronarse. En agosto renunciaron sus consejeros, cercanos al círculo de Correa, y tuvo la primera baja en la entonces Secretaría de Gestión de la Política.
En octubre el bloque oficialista en el Legislativo se dividía entre 'correístas' y 'morenistas'.
El gobierno nunca se recuperó de esa escisión y las crisis continuaron. Moreno perdió dos vicepresidentes en el camino y pasó por cuatro secretarios de Gestión de la Política, que intentaban hacer de interlocutores entre el Ejecutivo y el Legislativo.
En la Asamblea la enemistad entre los dos bandos 'verdeflex' siguió acrecentándose. Y, tras la caída de José Serrano de la Presidencia del Parlamento, en marzo de 2018, al oficialismo le ha costado mantener la dirección y garantizar la producción de leyes.
Desde julio de 2018, el presidente Moreno ha enviado 11 proyectos de ley más. El último el jueves 19 de septiembre de 2019, una normativa de Protección de Datos, que llegó justamente tras el escándalo de la filtración de Novaestrat.
De esos 11 proyectos apena uno llegó al Registro Oficial: la ley derogatoria del impuesto verde.
Los demás proyectos están estancados. El Ejecutivo no cuenta con el respaldo suficiente en el Legislativo para tramitar sus leyes o incluir sus temas prioritarios en agenda.
Eliseo Azuero, exjefe del bloque de Acción Democrática Independiente (BADI), explica que, si esos proyectos no son urgentes en materia económica, no tienen prioridad en la Asamblea y tienen que seguir el mismo trámite que otros "cientos de proyectos" que reposan en el Parlamento.
La interlocución con el Legislativo
A finales de agosto de 2018 entró en escena un nuevo personaje: María Paula Romo. Llegó para reemplazar al Ministro del Interior y, después, hacerse cargo de la Secretaría de la Política.
En mayo, las dos instituciones se fusionaron en una, dando paso al renacimiento del Ministerio de Gobierno.
Romo intenta hacer el papel de interlocutora con la Asamblea Nacional, lo mismo que hacían sus predecesores. Sin embargo, en los últimos 14 meses el Gobierno solo ha podido tramitar un proyecto de ley.
Y tiene pendientes varios proyectos económicos que, pese a los múltiples anuncios, no acaban de llegar.
Romo no es reacia a acercarse al Legislativo ni a las comparecencias o reuniones con legisladores.
En abril ayudó en las negociaciones para mantener la Presidencia de la Asamblea Nacional, con una coalición con varios aliados que impulsó a César Litardo al poder. Entre ellos estuvieron los bloques de Creo, Integración Nacional (BIN) y Acción Democrática (BADI).
Desde el Gobierno confirman que cuando hay un tema de interés o una ley que presentar, Romo es la que lleva las reuniones con el Legislativo desde tres frentes: con el bloque de Alianza PAIS, con los jefes de bancadas o con la coalición, que se formó en mayo pasado.
En caso de que la temática sea específica el ministro del área también se suma al equipo para el cabildeo.
Una de esas citas se dio para tratar, por ejemplo, la segunda terna para Vicepresidente de la República, sucedió en diciembre pasado y participaron todos los líderes políticos del Legislativo, entre coordinadores o jefes de bloques y representantes de partidos o movimientos.
Eddy Peñafiel, jefe del bloque de BIN, contó que en efecto la coalición en la Asamblea implica que se mantengan diálogos previos a la llegada de las leyes del Ejecutivo, para que se tomen en cuenta las observaciones de los bloques y "no sea una imposición".
Uno de los grandes análisis, dijo, ha sido de las reformas económicas. Pero que él solo ha estado en una reunión con la ministra Romo.
Luis Pachala, jefe de la bancada de Creo, dice que nunca ha participado de esas reuniones, por temas legislativos sino una vez por temas políticos. Pero acepta que es legítimo que el Ejecutivo haga esos acercamientos, "puede invitar, pero otra cosa es que (los jefes de bloque) asistan".
Cuenta que solo ha ido a reuniones concertadas por el titular del Legislativo, solo entre jefes de bancada y sin un interlocutor del Ejecutivo. Sin embargo, dice que Romo sí participa de varias reuniones en el Legislativo pero solamente con el bloque oficialista.
Para el legislador Azuero, los acercamientos entre estos poderes del Estado son necesarios para la viabilidad de las leyes.
Así, dice, el Ejecutivo no envía temas desconocidos que puedan "encontrar resistencia", ya que sabrá cuando los proyectos no tendrían el apoyo para pasar. Y cuenta que sí ha participado de varias reuniones, no solo con Romo, sino con los interlocutores previos.
Guillermo Celi, de SUMA, dijo que tampoco ha participado de esas reuniones, excepto una vez. Cree que al no ser parte de la colisión no tienen cabida ahí, por lo que no han sido parte de ese sistema.
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