La norma que entregó el gobierno es un proyecto de ley que, dicen las autoridades, protegerá la identidad de los ecuatorianos y que en casos de vulneración de la intimidad, habrá sanciones.
Esta tarde, en la Asamblea el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, aseguró que la Ley de Protección de Datos es un paso para convertir a Ecuador en un país digital.
Lo dijo aunque la evidencia cuestiona ese objetivo: apenas el lunes se hizo pública la filtración masiva de los datos personales de los ecuatorianos en la que está involucrada una empresa local. El Gobierno aseguró que se trató de un robo de información y reaccionó enviando el proyecto de ley.
Y será el instrumento, según Michelena, para “proteger la identidad de los ecuatorianos” y que en casos de vulneración de la intimidad existirán sanciones”.
El proyecto de ley entregada a la Asamblea se plantean las siguientes sanciones para las empresas que usen mal los datos personales:
Sanciones
El Gobierno aprovechó, además, para intentar regular las inoportunas llamadas telefónicas en las que, empresas privadas o de marketing, ofrecen productos o servicios a personas que no les han facilitado los datos.
Según Michelena, cuando se apruebe la ley “todas las llamadas de empresas o instituciones que prestan servicios tendrán que ser autorizadas por el usuario para el manejo de la información”.
Beneficio
En la ley se contempla, además, la incorporación de concepto del “derecho al olvido” que consiste en la eliminación de información en redes y buscadores cuando ha sido vulnerada la intimidad de alguna persona.
Según el ministerio, para hacer valer este principio habrá una revisión previa de ciertos criterios como la libertad de expresión o la memoria histórica y científica.
César Litardo, presidente de la Asamblea, recibió simbólicamente el proyecto de Ley de Protección de Datos. Él reconoció que “es imposible que países como Ecuador no tenga una normativa de protección de datos”
El oficialista ofreció esta ley será una prioridad para el legislativo.
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La propiedad de los datos
¿Quién es el dueño de los datos que tienen las empresas o instituciones públicas?
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La oferta a los ciudadanos
¿Cómo los ciudadanos autorizarán o no el uso de sus datos?
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