Esta tarde el Gobierno entregará a la Asamblea Nacional la Ley de Protección de Datos que, entre otras cosas, establece normas para las empresas que recaben información personal de los ecuatorianos.
El texto que se entregará en el Legislativo es una iniciativa que se ha trabajado en 50 mesas, según la titular de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (Dinardap), Lorena Naranjo, en una entrevista para Teleamazonas.
La funcionaria aclaró que, por su naturaleza, las leyes que abordan temas tecnológicos establecen principios generales.
Dijo, por ejemplo, que el “ejercicio del marketing a través de call centers debe mejorar en Ecuador”. Y que la propuesta establece las formas en que se debe recabar el consentimiento de la persona. Puso como ejemplo Colombia, donde el consumidor en la factura acepta que le ofrezcan servicios de comida, turismo o bienes raíces.
Naranjo dijo que hay que “dejar el marketing acosador por el marketing de civilización, que hace que recibas con cariño el producto”. Agregó que la normativa detalla cómo recabar consentimiento y qué se entiende por consentimiento, fijar normas de calidad para la data, que ésta sea actualizada, que tenga las mejores prácticas y estándares superiores.
La directora de la Dinardap afirmó que el proyecto legal “es una oportunidad para que empresas serias se adapten a estas disposiciones que ya existen a nivel internacional”. Naranjo lamentó que Ecuador sea parte del grupo de tres países de la región que no tiene protección de datos junto con Bolivia y Venezuela.
Sobre el traslado de la información de instituciones públicas, Naranjo señaló que los datos se disponen en varios servidores de CNT que cuentan con altos estándares de seguridad.
El ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, precisó -durante una entrevista a Ecuador TV- que 26 instituciones han mudado sus bases de datos a esos servidores. Pero es un proceso complicado que demorará cinco meses y aún restan de completar la labor el 70% de entidades estatales.
La Ley de Protección de Datos cobra impulso a raíz de la filtración de información personal de prácticamente todos los ecuatorianos. El hecho fue difundido por la cadena BBC de Londres.
Michelena reconoció que existe un mercado negro de venta de datos. “Se vendían en CDs las bases de datos del Registro Civil, de las votaciones y se entregaban a los partidos. Con esta ley se va a sancionar a las personas o partidos que manejen esta información”, prometió.
Advirtió que “mi número de teléfono es información sensible, los ecuatorianos estamos cansados de recibir llamadas para vender servicios. Esa información es sensible como la clave de un cajero automático”.
Por eso espera que la Asamblea trate lo más pronto posible el proyecto legal que hoy entregarán a la Asamblea Nacional.
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