Al Legislativo no le cae bien que el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, el 16 de abril, para poner orden a las finanzas públicas coloque techos presupuestarios para las instituciones del Estado.
A la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea no le gusta que el proyecto de ley para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas, propuesto por el Gobierno, limite la independencia de las entidades del Estado a la hora de manejar sus presupuestos.
Las reformas están agrupadas en el proyecto de ley Orgánica para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas, que fue presentado el 16 de abril en la Asamblea, como parte de dos leyes urgentes para hacer frente a la crisis económica del país.
La propuesta de ley establece que será el Ministerio de Finanzas el encargado de poner límites a los presupuestos globales, a las instituciones del sector público y al gasto dentro del Presupuesto General del Estado.
Es lo que se conoce como “techos presupuestarios” y es lo que no gusta a los asambleístas.
El proyecto de ley también faculta al Ministerio de Finanzas para modificar el Plan Anual de Inversiones (PAI) del Estado.
Mientras que los PAI de las Empresas Públicas, de la Seguridad Social y de los gobiernos seccionales, dice la propuesta, deberán cumplir con las reglas fiscales previstas en el proyecto de ley y respetar los techos institucionales y de gasto.
Un poco de orden
El ministro de Economía, Richard Martínez, explicó que la reforma permitirá ordenar las finanzas públicas y limitará la discrecionalidad en el manejo de los presupuestos.
El presidente de la comisión de Régimen Económico, el oficialista Daniel Mendoza, señaló que hay que analizar si estas reglas limitarán las competencias de las instituciones públicas.
Pero reconoció que “el proyecto plantea, de manera específica, una articulación entre los diferentes niveles de gobierno para que la planificación sea eficiente”.
La legisladora de Suma, Gabriela Larreátegui, considera que Finanzas tiene más instrumentos para controlar los presupuestos con el proyecto de ley. Por eso, dijo, es necesario “revisar bien” la propuesta del Ejecutivo.
La controversia del Banco Central
Larreátegui también dice que es necesario analizar los efectos que tendría para la dolarización la propuesta de incluir al Banco Central como una institución de la banca pública.
La presidenta del Banco Central, Verónica Artola, ya había expresado su desacuerdo frente este punto ante la comisión.
Artola criticó el artículo 2 del proyecto de ley, que incluye al Banco Central en la categoría de institución del Sector Público Financiero.
“El Banco Central no puede ser calificado como banco público porque es el encargado de generar política monetaria y es el custodio de la dolarización. No puede estar bajo los mismos controles que la banca pública” argumentó Artola.
De acuerdo con la transparencia
Los partidarios del expresidente Rafael Correa también tienen reparos respecto de lo que llaman “una metida de mano” por parte de Finanzas en el presupuesto de las instituciones de seguridad social y de las universidades.
Y desde el otro lado del espectro político, Henry Klonfle, asambleísta por el Partido Social Cristiano (PSC), calificó a la propuesta de ley como “centralista” porque Finanzas reduce la autonomía de los gobiernos seccionales.
“Entiendo que la propuesta de ley evita que ocurran cosas como las que se suceden hoy, donde un gobierno seccional gasta más de lo que planifica. Pero creo que se debe estructurar un método diferente de control, por ejemplo, con la Contraloría, sin afectar la autonomía” de los gobiernos, dice Kronfle.
En lo que coinciden todo los legisladores es que el proyecto de ley intenta transparentar el manejo presupuestario del Estado, algo que consideran positivo.
Las observaciones de los legisladores quedarán plasmadas en el primer informe del proyecto de ley. Según Mendoza, el sábado 25 de abril estaría listo ese informe para el primer debate en un pleno virtual, dado que la Asamblea está cerrada por la pandemia de coronavirus.
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