La gerente del Banco Central, Verónica Artola, se refirió a al menos tres aspectos de las reformas al Código de Planificación y Finanzas Públicas propuesta por el Ejecutivo.
Que el Banco Central del Ecuador (BCE) sea calificado como un banco público, conocer el papel de la institución en el nuevo Comité de Coordinación Fiscal y la prohibición para que invierta en títulos valores emitidos por el Estado, son los tres aspectos observados por Artola.
La funcionaria compareció, este 21 de abril, en la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea para analizar los alcances del proyecto de ley Orgánica para el Ordenamiento de las Finanzas Públicas, que reforma al Código de Planificación y Finanzas Públicas (Coplafip).
Con el proyecto de ley, el Ejecutivo plantea una serie de herramientas con las que busca equilibrar la política fiscal.
La gerenta cuestionó, al menos, tres artículos de la reforma legal que el Ejecutivo presentó, la semana pasada, con el carácter de económico urgente.
El Central, como banco público
Artola criticó el artículo 2 de la reforma al Coplafip. Allí se incluye al Banco Central en la categoría de “Sector público financiero”.
“El Central no puede ser calificado como banco público porque el BCE es el encargado de generar política monetaria y es el custodio de la dolarización. No puede estar bajo los mismos controles que la banca pública”.
Verónica Artola
Ese, dijo es el artículo que más le preocupa en este momento e instó a la mesa legislativa para que tome cartas en el asunto.
Papel del Central en el Comité de Coordinación Fiscal
Artola también se refirió a la propuesta del Ejecutivo de la creación del “Comité de Coordinación Fiscal”, donde sí hay participación del Banco Central.
De acuerdo con la propuesta, este Comité será el espacio para “tomar decisiones de manera integral” a nivel financiero, por ejemplo, para fijar metas en el Sistema Público No Financiero.
Artola dijo que este nuevo comité hará toda la programación macroeconómica y recordó que, actualmente, el Central es el encargado de realizar las proyecciones macroeconómicas.
“Si se está considerando al Banco Central formar parte de comité, con el que estamos de acuerdo, podemos participar e intercambiar información”, dijo Artola al señalar que con esta razón, el Central no puede ser considerado como un banco público.
El Central no podrá comprar papeles
La gerenta criticó el contenido del artículo 39 de la reforma legal, que propone reemplazar el uso de los Certificados de Tesorería (Cetes) por Notas del Tesoro.
En ese artículo se prohíbe que el Banco Central invierta en “Notas de Tesoro” o en cualquier otro título valor emitido por el Estado.
Artola dijo que, de aprobarse la reforma tal como está, el Coplafip cierra la posibilidad para que el Central pueda inyectar liquidez a través de métodos como “papeles del Estado”.
“Cualquier banco central del mundo hace operaciones como la inversión en papeles del Estado”, dijo.
Sí reconoció que, desde finales de 2014, el Central comenzó a adquirir “títulos valores” especialmente del Ministerio de Finanzas, lo que ocasionó que bajaran los activos líquidos y, por ende, dificultó “la cobertura de obligaciones dentro de la reserva internacional”.
Dijo que, si bien debe prohibirse esta operación entre el Central y Finanzas, debe aprobarse “otro tipo de herramientas” para inyectar liquidez a la economía.
La gerente del organismo ofreció que, en los próximos días, hará llegar un texto alternativo a esos artículos para que sea analizado por la Comisión de Régimen Económico.
Pero no todo es negativo. Según Artola, la reforma económica plantea cambios positivos como una mayor transparencia y coordinación de información entre el Banco Central y el Ministerio de Finanzas.
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