Aprobada la Ley Humanitaria, sin ninguna fuente de recursos para el Gobierno

Tras tres días de debate, la Ley Humanitaria finalmente fue aprobada por el Pleno de la Asamblea este 15 de mayo de 2020. 73 asambleístas intervinieron en el segundo debate de la iniciativa, planteada por el Ejecutivo para hacer frente a la emergencia sanitaria por la epidemia de coronavirus.

La iniciativa recibió 74 votos a favor, 59 votos en contra y cuatro abstenciones. En el siguiente gráfico puede revisar cómo votaron las diferentes bancadas políticas.

El texto finalmente no incluyó ninguna de las contribuciones humanitarias que el Ejecutivo había planteado recaudar de las personas naturales y las empresas. Todo el capítulo relacionado con estos aportes fue eliminado del texto para votación, con lo que el Gobierno no recibirá los USD 1.400 millones que tenía previstos.

Sí se incluyó en el texto las reformas laborales, con las que se crea el contrato especial emergente y se permite la reducción emergente de la jornada de trabajo. Estos textos fueron criticados por los gremios de trabajadores, por su posible inconstitucionalidad.

Los principales puntos de la Ley

La Ley Humanitaria aprobada por la Asamblea incluye una serie de medidas "para el bienestar social":

• Los centros de desarrollo infantil, instituciones educativas particulares, fiscomisionales y municipales, y las instituciones de educación superior no podrán suspender el registro de asistencia y evaluación de sus alumnos por retraso justificado en el pago de pensiones mientras dure el estado de excepción.
• Se prohíbe el incremento en tarifas o tasas de servicios básicos, incluyendo los servicios de telecomunicaciones e internet, hasta un año después del estado de excepción.
• Habrá una rebaja del 10% en la tarifa de energía eléctrica para quienes pertenezcan a los dos quintiles más bajos de ingresos durante marzo, abril, mayo y junio de 2020.
• Las aseguradoras de salud privadas no podrán suspender su cobertura por falta de pago.
• El IESS extenderá su cobertura por 60 días para las personas que hayan perdido su empleo durante la emergencia sanitaria.
• La Junta Monetaria deberá emitir una resolución para que las entidades financieras lleguen a acuerdos con sus clientes para el pago de cuotas crediticias mensuales.
• Se suspende el cobro de multas e intereses de todos los procesos de matriculación vehicular.

La Ley también determina que el Ejecutivo deberá definir una política de fijación de precios de los artículos de la canasta básica que será vigente hasta fines de 2020. Esto buscaría evitar la especulación de precios.