"Es evidente la intención de algunos actores de tomarse las instituciones por asalto"

La Asamblea Nacional atraviesa por una de sus peores crisis institucionales, tanto que -otra vez- vuelve al debate la posibilidad de la 'muerte cruzada'.

Esta herramienta no es otra cosa que el poder que le da la Constitución al Presidente de la República para disolver la Asamblea Nacional, por decreto. Si eso ocurre, el CNE debe convocar a elecciones, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo.

En diálogo con PRIMICIAS, Mauricio Alarcón Salvador, abogado y director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, analiza las posibles salidas a esta crisis -aboga por un diálogo promovido por el Ejecutivo con todos los sectores-; analiza el escenario para el trámite de la Ley de Inversiones, y habla sobre los riesgos que conllevaría para la democracia la muerte cruzada.

En medio de la crisis que está viviendo la Asamblea, ¿es posible llegar a un consenso entre las bancadas considerando que tenemos una Asamblea bastante dividida?

Siempre será posible llegar acuerdos en la Asamblea Nacional, si es que se tiene por delante el interés del país y no el interés de las organizaciones políticas o de los caudillos políticos.

La crisis de gobernabilidad no es nueva, que empezó el día mismo en que se instaló la Asamblea Nacional, en mayo de 2021. Y, próximos a cumplir un año en funciones, hemos visto cómo no se puede hablar de un solo bloque o de una sola mayoría, sino que los votos van y vienen en función de las circunstancias.

Lo ideal es generar un espacio de encuentro, principalmente, entre el Ejecutivo y el Legislativo, poniendo a los intereses del país por delante para la búsqueda de consensos que permitan avanzar en temas tan importantes y sensibles como el que en pocos días deberá resolverse, la Ley de Inversiones.

¿Es posible esperar que la Asamblea "ponga los intereses del país por delante"? ¿No es un poco utópico?

Todo es posible. Sin embargo, en la práctica hay dificultades para lograrlo. No se trata ni siquiera de tener votos como algunos creen, sino de construir sobre la base de la legalidad y de la legitimidad.

Los juicios políticos no pueden ser, por ejemplo, herramientas de chantaje, sino de fiscalización de las autoridades, en función del incumplimiento de disposiciones constitucionales o normativas.

Los votos tampoco pueden ser herramienta de intercambio de favores para aprobar leyes que son prioritarias para el país.

Creo que el discurso político que se ha venido manejando durante los últimos meses intenta presentar una Asamblea muy poderosa -que, incluso, presiona al Ejecutivo respecto de ciertos temas-; que tiene la fuerza suficiente y que tiene la capacidad incluso para amenazar al mismo presidente de la República o a sus ministros al haber logrado más de 90 votos en más de una votación.

¿Cómo apuntalar el diálogo desde el Ejecutivo en una Asamblea tan dividida?

Durante estos primeros meses de funciones se ha visto un débil músculo de conexión o de negociación con el Legislativo. Se han producido milagros -como el de la reforma tributaria- a propósito de acciones convenientes del primer bloque de la Asamblea, el de Unes-.

Sin embargo, esos milagros no se repiten y el Gobierno debe dar quizá el primer paso, que es mostrar que está dispuesto a sentar a todos los actores en una misma mesa para llevar a cabo un proceso de diálogo transparente, que rinda cuentas, que deje ver a la ciudadanía quién es quién dentro del juego político.

Al momento de negociar por separado, con cada uno de los bloques, se abre la posibilidad de la suspicacia de algunos de ellos o incluso de la duda de la ciudadanía respecto a la forma en la que se están llevando este tipo de procesos, pero mientras del Ejecutivo no haga lo que corresponde en materia de negociación de diálogo y de gobernabilidad, difícilmente, se van a lograr acuerdos al interior del Legislativo.

Y el problema también hace desde el Ejecutivo porque tampoco es fácil de identificar una persona o siquiera una institución que encabece ese diálogo. ¿Fue un error unir lo que era la Secretaría de la Política con el área de Seguridad?

Probablemente, la unificación de ministerios y secretarías bajo el paraguas del Ministerio de Gobierno funcionó cuando se tuvo una figura fuerte como la de la exministra María Paula Romo.

En las condiciones actuales, en las que hay una figura muy débil al frente de dicho ministerio y donde, incluso, varios subsecretarios ni siquiera dialogan entre sí y trabajan de manera desarticulada, creo que es óptimo, más allá del tamaño del Estado, pensar en separar las instituciones y crear una Secretaría de Gestión Pública o una secretaría de gobernabilidad que pueda trabajar para enlazar al Ejecutivo con las otras funciones e instituciones del Estado.

Ha resurgido en el debate esta supuesta intención de ciertos sectores de 'tomarse' el Consejo de Participación por las designaciones pendientes de autoridades usando mecanismos como el juicio político en la Asamblea, ¿qué tan creíble es eso?

Ha quedado en evidencia que la intención de algunos actores políticos al interior de la Asamblea Nacional es la de tomarse las instituciones por asalto.

Hablar de un retiro de un juicio político a conveniencia después de haber cacareado tanto respecto a la necesidad de impulsarlo, me refiero al del Procurador General del Estado, deja claro que la intención es ir directo por el Consejo de Participación Ciudadana. La figura del retiro no existe legalmente hablando, y la fiscalización es un deber de los legisladores, no una herramienta de chantaje y de negociación.

Las cuestiones que ya han sido presentadas deben seguir su trámite regular e incluso, pensando en el tema del Consejo de Participación Ciudadana, recordar que hay dos juicios políticos planteados: uno respecto de los siete miembros del Consejo y otro, convenientemente, sobre los cuatro que hoy hacen mayoría. Con qué intenciones no lo sabemos, pero lo cierto es que la Asamblea tiene que actuar conforme a lo que manda la Constitución y la ley, más allá de que los votos finalmente tienen la última palabra. 

¿Cómo ve el escenario de la Ley de Inversiones cuyo trámite está atravesado por esta crisis política?

Lo ideal sería que, trabajando con responsabilidad, se nutra el proyecto y se lo vote; que se siga el proceso ordinario y no que, nuevamente por obra y gracia de un milagro, se vuelva a tener un texto original con errores que entre en vigencia por el ministerio de la ley.

¿Qué tan probable que esta ley, al igual que lo ocurrido con la reforma tributaria, pase por el ministerio de la ley?

Sin duda es algo que no debería pasar, pero no debe sorprendernos si es que pasa. Ya lo vimos con la reforma tributaria cuando un bloque, con suficiente experiencia legislativa, omitió votar a favor del archivo de la norma y forzó que entre en vigencia.

Algo similar podría pasar en esta ocasión o incluso que, convenientemente, no se convoque al Pleno dentro de los tiempos o que no se llegue a cumplir todo el proceso dentro del plazo establecido en la Constitución para permitir que la Ley de Inversiones entre por el ministerio de la ley.

Sería lamentable, sería una razón más para justificar que la Asamblea no ha servido para nada en estos meses.

Por esa percepción sobre la Asamblea, estamos otra vez con el tema de la muerte cruzada y aunque el presidente no parece muy predispuesto, los legisladores oficialistas hablan de esa posibilidad. ¿Políticamente es posible para el Gobierno activar ese mecanismo?

En este momento, con un desprestigio tan grande del órgano legislativo, podría ser redituable políticamente para Guillermo Lasso cerrar la Asamblea y anticipar elecciones para el resto del periodo. Si eso pasará, no lo sabemos.

Aunque se haya dicho que no se va a activar esta herramienta, hay que analizar mucho respecto a lo que significa la pugna de poderes, la afectación a la institucionalidad desde los asambleístas, desde la Asamblea y el riesgo que correría nuestra democracia cuando la voracidad de ciertos actores políticos empieza a estar por encima de la Constitución y del Estado de derecho.

Si llegara este escenario, ¿cuáles son los riesgos de no tener un Parlamento, por malo que sea?

La primera función del Estado es la Legislativa, el órgano de representación por excelencia es la Asamblea Nacional, como dije hace un momento, no es lo óptimo utilizar una herramienta, por muy constitucional que sea, para adquirir poderes especiales como legislar mediante decretos-leyes.

Pero, en circunstancias como las que vive el país, sin duda, es una opción que se está evaluando en ciertos círculos.

Lo cierto es que hay riesgos también para el presidente Lasso, pues los números, en este momento, no le darían ni siquiera para reelegirse para terminar el mandato para el que fue electo e incluso, nada impide, que los mismos legisladores vuelvan a ocupar la curul y nuevamente entren en pugna con quien quede a cargo de la Presidencia.

Ojalá la ciudadanía, a partir de esta experiencia, tenga una mayor conciencia respecto de a quiénes elige y por qué los elige para soñar con una mejor Asamblea a partir de 2025.