El caso Hospital de Pedernales se empezó a fraguar en el subterráneo de la Asamblea

La corrupción en la obra del Hospital de Pedernales tuvo protagonistas del sector público: asambleístas y los directivos del Servicio de Contratación de Obras (Secob); y del sector privado: un grupo de constructores manabitas.

Dos personas fungieron de nexo entre ambos polos de la red. Jorge Jalil, exsubdirector del Secob, llamado a juicio por el caso y prófugo de la justicia; y Franklin Calderón, uno de los ocho procesados que ya fueron sentenciados tras someterse a un procedimiento abreviado.

Los testimonios anticipados del exasambleísta Daniel Mendoza, su exasesor Jean Carlos Benavides y de los constructores Frankin Calderón y José Véliz son parte del proceso por delincuencia organizada.

Sus versiones se tomaron en cuenta en su sentencia, a través de un procedimiento abreviado. Y será uno de los insumos para el juicio que se seguirá contra otros cinco procesados. PRIMICIAS recoge una parte de esos testimonios:

Franklin Calderón

La historia comenzó en 2017. En ese año, Calderón conoció a Daniel Mendoza, entonces asambleísta, en su afán de ingresar a trabajar a la Secretaría del Agua (Senagua). No consiguió el cargo, pero se quedó con el contacto del legislador.

En octubre de 2018, Calderón se desempañaba como superintendente de obra en un proyecto de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) asociado a la reconstrucción de Manabí tras el terremoto de 2016.

Un día, Calderón supervisaba los trabajos al frente de la casa de Mendoza y lo vio salir. Se acercó, conversaron y él le presentó a su asesor Jean Carlos Benavides, ahora también sentenciado por el caso Hospital de Pedernales.

Pronto Calderón accedió a darle espacios para trabajadores en la obra de CNEL. Así, Mendoza buscaba ganar réditos políticos con su movimiento político Mejor.

Calderón trabajó en esa obra hasta marzo de 2019 y estuvo sin trabajo hasta agosto de ese año. Ese mes apareció la oportunidad de asumir el contrato de fiscalización de la construcción del Hospital de Bahía de Caráquez, que estaba a cargo del Secob.

Para entonces, Calderón había escuchado que el Secob era manejado por un grupo de asambleístas, así que contactó a Daniel Mendoza a través de su asesor Jean Carlos Benavides.

En una gasolinera sobre la avenida Simón Bolívar, en Quito, Calderón se encontró a Benavides y le dijo que si le ayudaban con la adjudicación de ese contrato les entregaría USD 350.000 como comisión.

Benavides trasladó la propuesta a Mendoza. Y él sabía que el grupo de asambleístas al que Calderón se refería era al Bloque de Acción Democrática (BADI), comandado por Eliseo Azuero, otro exasambleísta, llamado a juicio por el caso y prófugo.

El propio Azuero le había dicho que el espacio en Secob le fue asignado como retribución a los votos de su bloque. Esto en referencia a la elección de César Litardo como presidente de la Asamblea.

Mendoza le propuso el negocio a Azuero y él aceptó. Entonces, Benavides se dirigió a la casa de Calderón a retirar el dinero acordado. De ese monto USD 150.000 irían directo a la organización política de Mendoza; el resto para Azuero y el resto de legisladores del BADI.

Mendoza le dispuso a su asesor que tomara la parte de Azuero y la trasladara a Quito. Y que acudiera a la casa del asambleísta, en el Valle de los Chillos, y se la entregara.

En la puerta de la residencia, Benavides se encontró a René Tamayo, entonces director del Secob por recomendación de Azuero y ahora sentenciado por el caso, y le dio el maletín con el dinero.

Tamayo dijo que, finalmente, ese dinero llegó a manos de Azuero.

Para que Benavides pueda fungir de emisario en la red de corrupción, previamente, Mendoza le había presentado a Tamayo y Azuero como su hombre de confianza. Esa reunión se realizó en el parqueadero subterráneo del Palacio Legislativo, en Quito.

Jorge Jalil

En medio de la trama aparece el nombre de Jorge Jalil, ligado directamente al poder político del BADI en el Secob. En octubre de 2019 ingresó al Secob como coordinador de la Zona 8, que comprende algunas provincias de la Costa.

Llegó a ese cargo por recomendación del asambleísta Franco Romero, también integrante del BADI, y rápidamente se ganó la confianza de todo el bloque, en especial de su líder: Eliseo Azuero.

Jalil lo llamaba padrino y el exlegislador ahijado.

"Lo que pasa es que yo soy una persona viva para los negocios y di buenas rentas al bloque", le contó Jalil a Franklin Calderón en noviembre de 2019.

Y agregó "en la Coordinación Zonal 8 gestioné el pago de planillas represadas y los contratistas, entre ellos unos chinos, tuvieron que dar comisiones o coimas, yo recogí bastante dinero y le entregué al padrino".

Calderón y Jalil tenían una amistad de varios años, pues fueron compañeros en la carrera de Ingeniería Civil, en la Universidad Técnica de Manabí.

Así que Calderón buscó a Jalil cuando se enteró de que fue nombrado subdirector nacional del Secob. Su interés era conseguir algún contrato.

Inicialmente, Jalil le ofreció la construcción de un centro gerontológico en Archidona (Tena). Pero esa adjudicación no se pudo concretar, así que le ofreció otra obra más adelante a cambio de un favor.

Le confesó que lo ascendieron a subdirector del Secob con una misión específica: apuntalar la adjudicación de la construcción del Hospital de Pedernales con un porcentaje "para Azuero y los niños" de por medio. Según Calderón, Jalil se refería a los legisladores del BADI como "los niños".

Le pidió que él se encargará de recoger el dinero y repartirlo a los asambleístas. A cambio le pagaría USD 20.000 y le daría un contrato del Secob más adelante.

Para cuadrar la comisión, Jalil y Calderón se reunieron con José Véliz en la casa del segundo. Véliz, otro de los sentenciados, es el titular del Consorcio Pedernales-Manabí, que fue la empresa desde la que se desvió el dinero de la obra.

En esa cita, acordaron que de los más de USD 16 millones que el Consorcio recibiría por la obra, el 12%, que representaba USD 1,9 millones, sería repartido como comisiones de la siguiente manera:

• 10% (USD 1,6 millones) para los asambleístas Daniel Mendoza y Eliseo Azuero.
• 2% (USD 329.000) para René Tamayo, Jorge Jalil y los integrantes de la Comisión Técnica.

De la parte de Azuero y Mendoza, a su vez, un porcentaje se repartió entre los legisladores del BADI. Cada uno debía recibir USD 90.000.

Según Calderón, entre el 12 y el 13 de marzo de 2020, se hizo la repartición luego de que él cobrara varios cheques emitidos por Véliz:

A las 13:30 de ese día, un Vitara SZ, gris, con vidrios oscuros, lo recogió de su casa en Portoviejo con el dinero y lo llevó a Quito.

• Primero, a la entrada de Quito, en la avenida Simón Bolívar, se encontró con dos carros parqueados. De uno de los vehículos se bajó Jalil y le pidió que pusiera dos fundas con USD 90.000 cada una en la cajuela del otro carro.
• En el vehículo, según el testimonio de Calderón, estaban Azuero y los asambleístas Raúl Tello y Washington Paredes.
• Luego, Calderón se subió al auto de Jalil y condujeron unos 30 minutos hasta llegar a un condominio. En ese lugar, Jalil se bajó y entregó otra funda con USD 90.000. Ese dinero presuntamente habría sido para Franco Romero, otro asambleísta.
• De inmediato, Calderón regresó a Manabí y al siguiente día viajó a Guayaquil.
• Por instrucciones de Jalil se hospedó en un hotel de esa ciudad y a las 19:30 bajó al parqueadero para entregar una cuarta funda con USD 90.000 a un hombre, que supuestamente era el mensajero de la asambleísta Mercedes Cuesta.

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