Las tres pruebas contra Eliseo Azuero en un juicio sin fecha de inicio

Solo cinco de los 19 procesados por el caso Hospital de Pedernales irán a juicio. Pero los dos ex altos funcionarios involucrados están prófugos y su juzgamiento no podrá empezar.

El caso de corrupción alrededor de la fallida construcción del Hospital de Pedernales ha sido uno de los más sonados en 2020.

Involucra a dos asambleístas y a las dos máximas autoridades del Servicio de Contratación de Obras (Secob), algo que captó la atención del país.

La lista de procesados, entre funcionarios, constructores y colaboradores, llegó a 19 personas. Sin embargo, solo cinco fueron llamadas a juicio. De ellas, solo tres están a disposición de la justicia y serán juzgadas de inmediato.

La reducción del caso empezó en el dictamen fiscal. La Fiscalía no encontró pruebas contra cuatro de los procesados y se abstuvo de acusarlos. El juez Marco Rodríguez los sobreseyó.

Luego, otros ocho procesados se sometieron al procedimiento abreviado: aceptaron haber cometido el delito y se beneficiaron con penas rebajadas hasta en un 60%.

Finalmente, la Fiscalía pidió al magistrado llamar a juicio a los siete restantes. Sin embargo, Rodríguez no validó las pruebas recolectadas para otros dos procesados y también los sobreseyó.

En total, son 14 los procesados que recibieron pena reducida o fueron sobreseídos:

Entonces, el juez Rodríguez llamó a juicio a los cinco restantes. Los nombres que resaltan en esa lista son los del exasambleísta Eliseo Azuero; y de Jorge Jalil, exsubdirector del Servicio de Contratación Pública (Secob).

Sin embargo, ambos están prófugos y no serán juzgados hasta su apresamiento. La delincuencia organizada, que es el tipo penal del caso, no está en la lista de los delitos que pueden juzgarse en ausencia. Es decir, el juicio para los dos principales implicados no tiene fecha de inicio.

La audiencia de juzgamiento deberá instalarse solo para los tres procesados que sobran:

Pablo Cruz y Danny Calderón, dos exfuncionarios de nivel intermedio del Secob. Ellos integraron la Comisión Técnica que adjudicó el contrato para la construcción del Hospital de Pedernales al Consorcio Manabí – Pedernales.
Y el tercer enjuiciado será Danilo Véliz, hermano de José Véliz, dueño del Consorcio. Desde esa entidad se desviaron los fondos que el Estado había depositado como anticipo para la edificación del Hospital de Pedernales.

Azuero, el operador

Según la Fiscalía, Azuero estuvo en la punta de la estructura de delincuencia organizada, junto con su excompañero de curul, Daniel Mendoza, quien aceptó el delito y estará 4 años en la cárcel.

En el caso de Mendoza, la Fiscalía lo relacionó con el delito a través de su asesor, Jean Carlos Benavides, quien fue detenido con más de USD 500.000 en efectivo. Parte de ese dinero lo retiró de la cuenta del Consorcio Pedernales-Manabí.

Además, en los celulares de los constructores detenidos, relacionados con las empresas que ganaron contratos del Secob en Manabí, se encontraron conversaciones con Mendoza. Incluso, uno lo llamaba jefe.

Él aceptó su participación en la organización. Dijo que no recibió dinero directamente, sino a través de su organización política. Y que su parte en la adjudicación de ese contrato era tener espacios de mano de obra en la construcción. Él esperaba que eso le dejara réditos políticos.

En el caso de Azuero, en cambio, la Fiscalía dice haber conseguido tres pruebas principales:

Poder político en Secob

Habitantes de Pedernales, en Manabí, reclaman este 22 de julio por la falta de un hospital. Iván Maestre

René Tamayo, otro de los procesados con pena reducida, fue nombrado director del Secob por recomendación de Azuero.

Ellos tenían una amistad de cerca de dos décadas. Mendoza, en su declaración, dijo que ese espacio fue entregado a Azuero como pago por los votos de su bloque para elegir a César Litardo como presidente de la Asamblea.

Ya con su amigo al frente del Secob, Azuero nombró a su operador como subdirector. Se trata de Jorge Jalil, el otro prófugo.

Según los expedientes fiscales, él se encargaba del pago de supuestos sobornos a varios asambleístas y se refería a Azuero como “padrino”.

Con Tamayo y Jalil al frente del Secob, Azuero logró adjudicar de manera irregular el contrato del Hospital al Consorcio Pedernales – Manabí, cuyos dueños se comprometieron a pagar coimas al exasambleísta.
Testimonio de Tamayo

Rene Tamayo (der.) rinde su testimonio anticipado por el caso Hospital de Pedernales, el 6 de octubre de 2020. CNJ

Otra de las pruebas contra Azuero la proporcionó su otrora amigo, René Tamayo.

Ya con sus ojos puestos en el procedimiento abreviado y la rebaja de pena, el 6 de octubre de 2020, el exdirector del Secob rindió un testimonio anticipado sobre el caso.

Ahí relató como Azuero lo reclutó para ese puesto. Le hizo creer que se trataba de un espacio que se había ganado por sus méritos y no que era un cargo político que debía pagarse con favores de esa índole, dijo.

El primer favor fue el nombramiento de Jalil. Luego varios asambleístas lo llamaron a pedir puestos en distintas provincias.

Y, finalmente, un día el asesor de Mendoza le entregó un maletín lleno de dinero, que él entregó a Azuero.
Los audios de Mendoza

En medio de las investigaciones del caso, la Fiscalía recibió dos archivos de audio de manera anónima.

Se trataba de dos conversaciones entre Mendoza y Azuero.

Las conversaciones entre Mendoza y Azuero, al parecer, ocurrieron a mediados de mayo, luego de las primeras detenciones del caso que incluyeron a un exasesor de Mendoza.

Una parte de la conversación muestra como, luego de que las investigaciones tuvieran los primeros resultados, Azuero, Mendoza y otro legislador identificado como ‘Wacho’ se “asustaron”.

En otra parte de las grabaciones, en cambio, Azuero dudaba que los constructores y colaboradores manabitas lo identificaran como líder de la organización y se sentía seguro.

Quien le preocupaba era Jorge Jalil. “Hay que salvarlo a él por cualquier cosa”, decía el entonces asambleísta.

Finalmente, cuando Mendoza se convirtió en testigo protegido de la Fiscalía y empezó a buscar una rebaja de pena, confesó que los audios los grabó él.

Y que luego de que fue detenido, su hermano y su padre se encargaron de enviárselos a la Fiscalía a través de un correo electrónico creado para esa tarea.