Dina Boluarte jura como presidenta de Perú, tras destitución de Castillo

La abogada izquierdista Dina Boluarte juró la tarde del miércoles 7 de diciembre de 2022 ante el pleno del Congreso como la primera presidenta de la historia de Perú, tras la destitución por el Parlamento de Pedro Castillo, acusado de dar un golpe de Estado.
Boluarte, de 60 años, se desempeñaba como vicepresidenta en el gobierno de Castillo y hasta hace poco ocupaba el cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social.
Inmediatamente después de jurar su cargo, Boluarte hizo un llamado a todas las fuerzas políticas a una tregua y se comprometió a luchar "por los nadies y excluidos", tras la destitución y detención de su predecesor, Pedro Castillo, al que volvió a acusar de dar un golpe de Estado.

En un comunicado conjunto difundido por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, estas instituciones se pronunciaron sobre la crisis política que atraviesa el país.
"Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son respetuosas del orden constitucional establecido; el artículo 134 de la Constitución Política, establece que el Presidente de la República está facultado para disolver el Congreso, si este ha  censurado o negado su confianza a dos Consejo de Ministros".
Y continúa el comunicado: "cualquier acto contrario al orden constitucional establecido, constituye una infracción a la Constitución y genera el no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú".
 

El destituido presidente de Perú, Pedro Castillo, fue detenido este miércoles y se encuentra en la sede de la prefectura de la Policía de Lima, poco después de ser destituido por el Congreso y de ser mayoritariamente acusado de haber intentado perpetrar un golpe de Estado.
"Dando cumplimiento a nuestras facultades y atribuciones descritas en el artículo 5 de D.L (decreto legislativo) n.° 1267 Ley la Policía Nacional del Perú (PNP), efectivos PNP intervienen al expresidente Pedro Castillo", escribió la cuenta oficial de ese cuerpo en su cuenta de Twitter.
Durante cerca de media hora se desconoció el paradero de Castillo, quien a primera hora de la mañana dictó el cierre del Congreso y el nombramiento de un Gobierno de emergencia, una medida que fue tachada por la oposición y varios miembros de su Gobierno, entre ellos la vicepresidenta Dina Boluarte, como un golpe de Estado.

Los legisladores peruanos destituyeron al presidente Pedro Castillo en un juicio político, horas después de que el mandatario anunciara sorpresivamente la disolución del Congreso, es una escalada de la crisis política ocasionada por la constante pugna entre ambos poderes.
La medida de Castillo, previo a enfrentar un tercer intento de destitución promovido por legisladores de la oposición, había provocado dimisiones de ministros importantes del gobierno y denuncias de un "golpe de Estado" por parte de miembros del Congreso.
Castillo había sido convocado al Congreso para que responda a acusaciones de "permanente incapacidad moral" para gobernar, en medio de varias investigaciones de fiscalía de presunta corrupción.
El Congreso apuró la decisión y destituyó a Castillo con 101 votos a favor -con el apoyo de legisladores de derecha e izquierda, seis en contra y 10 abstenciones.
El pleno del Congreso de Perú citó a la vicepresidenta Dina Boluarte para que jure como nueva jefa de Estado.
 

El Gobierno ecuatoriano expresó su preocupación por la situación política de Perú e hizo un llamado a la comunidad internacional para facilitar el proceso democrático en ese país.

Aún no estaba claro, ante las versiones contrapuestas del presidente y la oposición, si el mandatario estaba facultado por ley a ordenar el cierre del Congreso.
"En atención al reclamo ciudadano, a lo largo y ancho del país, tomarnos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el estado de derecho y la democracia", dijo Castillo.
Castillo había sido convocado al Congreso a las 15:00 horas locales para que responda a acusaciones de "permanente incapacidad moral" para gobernar, en medio de varias investigaciones fiscales de presunta corrupción.
Varios legisladores de oposición consideraron la decisión de Castillo como un "golpe de Estado" e hicieron llamados a las Fuerzas Armadas para "restablecer el orden constitucional".
Tras la decisión de Castillo, los ministros de Economía y de Relaciones Exteriores anunciaron su renuncia por Twitter.
"En estricto apego a mis convicciones y valores democráticos y constitucionales, he decidido renunciar irrevocablemente al cargo de Ministro de Relaciones Exteriores, ante la decisión del Presidente Castillo de cerrar el Congreso, violando la Constitución", dijo el ahora excanciller César Landa.

"Se dictan las siguientes medidas: Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un Gobierno de emergencia excepcional", dijo Castillo en un mensaje a la nación que no fue previamente anunciado por su equipo de comunicaciones o en sus redes sociales.
Con un temblor evidente en sus manos, anunció que también dicta "convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de nueve meses".
También ordenó un toque de queda a nivel nacional a partir del día de este miércoles 7 de diciembre de 2022, desde las 22:00.
"Se declara en reorganización del sistema judicial, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Tribunal Constitucional (TC)", agregó.
Castillo añadió que "todos los que poseen armamento ilegal deberán entregarlo a la Policía Nacional en el plazo de 72 horas" y que "quien no lo haga comete delito sancionado con pena privativa de la libertad que se establecerá en el respectivo decreto ley".
También dictó que la Policía Nacional, "con auxilio de las Fuerzas Armadas, dedicarán los esfuerzos al combate de delincuencia, corrupción y narcotráfico, a cuyo efecto se les dotará de los recursos necesarios".
Finalmente, hizo un llamado a todas las instituciones de la sociedad civil, rondas campesinas (grupos de autodefensa fortalecidos durante el conflicto armado interno) "y todos los sectores sociales" a que salgan a defender estas medidas.
Señaló que comunicará esta decisión a la Organización de Estados Americanos (OEA).