El caos en el Consejo de Participación se vuelve un asunto judicial

La pugna en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) llegó a los tribunales, donde la presidenta Sofía Almeida intenta detener una moción de destitución planteada en su contra, el 27 de enero de 2022, por cuatro de los siete vocales del organismo.

La queja de los consejeros Francisco Bravo, Hernán Ulloa, Ibeth Estupiñán y María Fernanda Rivadeneira se fundamenta en supuestos incumplimientos y abuso de funciones por parte de Almeida.

Por ejemplo, convocar a las sesiones con 24 horas de antelación, sin considerar lo previsto en el Reglamento de Funcionamiento del Pleno del Consejo, que dispone que sea mínimo 48, o falta de transparencia en los procesos de designación de autoridades.

Pero Almeida no está dispuesta a dejar el cargo y el domingo 30 de enero presentó, vía correo electrónico, una medida cautelar ante la jueza titular de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Samborondón (Guayas), Karly Vargas Alvarado, quien aceptó la acción constitucional.

Ese día, Vargas estaba de turno en su jurisdicción, donde hay cuatro jueces en funciones.

En la resolución, Vargas ordena la suspensión provisional "de todos los actos que emita el Pleno Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en los que se pretenda tratar moción y resolución de remoción del cargo de la Presidenta o alguno de los consejeros".

La medida cautelar, dice el documento, "tendrá vigencia mientras dure la posible afectación del derecho constitucional a la seguridad jurídica amenazada en los términos de la presente resolución".

El consejero Ulloa ya presentó una revocatoria a las medidas cautelares, "porque la decisión de que sea indefinida y para todos los plenos es incorrecta".

Además, dice Ulloa, el procedimiento judicial "es irregular" porque las normas del Consejo de la Judicatura para presentar acciones de protección fuera de los horarios normales (lunes a viernes) establecen directrices para que no exista duda de la administración de justicia.

"La presentó un domingo, vía correo electrónico, cuando la normativa establece que sea físico, con la fe de recepción y el sello de la Judicatura".

Hernán Ulloa, miembro del Cpccs.

El consejero cuestiona también el hecho de que Almeida presentara el recurso en la Unidad Judicial de Samborondón, y no en Quito, donde está ubicada la sede institucional.

"Es la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y cobra residencia porque supuestamente su domicilio es en Quito y no en Samborondón", sostiene Ulloa.

La jueza Vargas sustenta su competencia en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

"Si bien los hechos podrían haberse originado en la sede del Consejo, el artículo 7 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales permite presentar la medida en el lugar donde se producen los efectos de los actos lesivos, que corresponden al domicilio de la accionante", indica.

El Consejo de la Judicatura cuenta con un plan de contingencia, aprobado por la Dirección Nacional de Gestión Procesal, acerca del procedimiento que se aplica en el sorteo e ingreso al sistema virtual Satje de acciones constitucionales en días no laborales.

Para Almeida, los consejeros intentan removerla del cargo "fuera de la ley" y dice sentirse sorprendida de que ellos "no sepan que una medida cautelar tiene jurisdicción a escala nacional y la podía haber puesto en cualquier parte del país".

Dice que su residencia laboral es en Quito, pero que su domicilio está ubicado en Samborondón y que tiene justificaciones de todo lo que ha gastado en sus traslados a la capital.

Esta polémica también generó cuestionamientos a la jueza Vargas, luego de que la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura dispuso en noviembre de 2021 su traslado al cantón Yaguachi "por ser su unidad de origen".

Pero Vargas también presentó una acción de protección y dejó sin efecto este acto administrativo.

Concurso para elegir Contralor no avanza

Uno de los temas álgidos entre los consejeros es el proceso de selección de los 10 comisionados que escogerán al nuevo Contralor General del Estado.

El problema radica en el reglamento para el concurso público para la selección y designación de la autoridad de control.

El instructivo señala, entre otras cosas, que una vez terminado el periodo de recepción de inscripciones, la Secretaría General del Consejo entregará a la Comisión Ciudadana de Selección los expedientes de los postulantes.

Los consejeros no aprueban que la Secretaría intervenga en el proceso.

Es más, Ulloa cuestiona el artículo 11 del reglamento que dispone que la designación del secretario de la comisión ciudadana de selección responderá a una terna "presentada por la Presidencia del Consejo de Participación".

"Ella (Sofía Almeida) va a nombrar al secretario de la comisión de una terna. ¿Qué tiene que hacer el Consejo de Participación en la Comisión Ciudadana de selección?", pregunta Ulloa.

Y Almeida responde que el Consejo es la entidad que organiza el concurso y que la Comisión Ciudadana se encarga de la selección.

"Los documentos que se entreguen para este concurso son públicos y deben reposar en la Secretaría del Consejo. No puede haber documentos fuera de la institución", dice Almeida.

La presidenta del Consejo asegura que los consejeros pretenden cambiar los perfiles de los postulantes y que exista un examen oral "que tomaría más tiempo" y se alargaría el concurso.

Según Almeida, el objetivo de sus detractores es que no se renueven las autoridades y que tampoco se realice el concurso para elegir al Contralor.

"Soy la piedra en el zapato de los que quieren tomarse el poder. Por eso me quieren remover", advierte la funcionaria.