El Consejo de Participación ha costado USD 145 millones en 13 años

La institución enfrenta un nuevo intento para desaparecerla. Su eliminación se debería hacer a través de una reforma constitucional, que incluye un referéndum.

El Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) está otra vez en el centro de las críticas. La institución debe avanzar en la designación de un nuevo contralor para reemplazar a Pablo Celi, mientras desde el Ejecutivo se analiza la posibilidad de eliminarlo definitivamente.

La propuesta de suprimir el Cpccs la hizo Guillermo Lasso durante la campaña electoral, aunque como Presidente no había dicho nada al respecto. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Fernando Villavicencio, confirmó este 13 de julio de 2021 que la iniciativa camina y que se concretará en poco tiempo.

Esta será, entonces, el tercer intento de hacer cambios en la forma de selección de autoridades de control, actualmente en manos del Consejo de Participación. Y si, efectivamente, llega a concretarse como referéndum, será también una prueba política para Lasso en las urnas.

El Cpccs tiene ya 13 años y siempre ha estado rodeado de críticas. Su principal función es la designación de las autoridades de la Función Electoral y de Transparencia y Control Social, a través de concursos, y del Consejo de la Judicatura por ternas.

Esta labor es costosa. Los procesos de selección pueden llegar a costar más de USD 200.000, por lo que el presupuesto de la institución se ha ido incrementado de acuerdo a su desarrollo.

En estos 13 años, el organismo ha tenido presupuestos variados. En total, el gasto de la institución suma USD 145 millones.

Los años en los que no hubo procesos de selección (como 2019 y 2020), los presupuestos fueron mucho menores justamente por este rubro.

La vía para la eliminación

La Corte Constitucional se pronunció en dos ocasiones sobre cuál sería el camino para eliminar el Cpccs: a través de una reforma parcial. Esto responde a que la propuesta es borrar una buena parte de la Constitución.

El problema de esta vía es que toma tiempo, pues el trámite consta de varias fases:

La iniciativa debe ser presentada por el Presidente de la República a la Corte Constitucional, para que revise la propuesta y dé el aval de continuar por esa vía.
Entonces, la propuesta pasa a la Asamblea Nacional, que debe crear una comisión ocasional (ya integrada hace pocos días para otras reformas en trámite). La reforma deberá pasar dos debates en el Pleno, con 90 días de distancia entre ellos. Para su aprobación, se necesita mayoría absoluta (91 votos).
De ser aprobada, y con los cambios realizados por la Asamblea, la propuesta pasa a manos del Consejo Nacional Electoral (CNE) que tiene 45 días para convocar al referéndum.
El CNE debe llamar a votaciones universales para todos los temas que hayan sido aprobados por la Asamblea. Si más del 50% de la ciudadanía apoya los cambios, entrarán en vigencia siete días después.

El otro reto para Lasso si decide comenzar con la propuesta de reforma constitucional será económico. Según datos del CNE, la consulta popular de 2018 costó alrededor de USD 40 millones.

Los detalles que faltan

Aunque Villavicencio adelantó que el Ejecutivo sí piensa en esta reforma constitucional, falta aún conocer los detalles de lo que contendrá.

Según sus declaraciones, la idea es eliminar el Consejo de Participación y transformar la Asamblea en un organismo bicameral. Es decir, recogería el planteamiento que hizo el Comité por la Institucionalización, pero que no tuvo los votos suficientes en la Asamblea.

El asambleísta también aseguró que se incluirá el tema de reducir el número de asambleístas, algo que también requeriría una modificación constitucional.

Y también anunció una pregunta sobre la minería a cielo abierto, en donde tampoco hay detalles si incluirá algún cambio constitucional o sería solamente una consulta popular (como pasó por ejemplo con las corridas de toros).