El organismo estuvo rodeado de críticas durante dos años, en los que su misma existencia se puso en duda. Ahora deber llevar a cabo la renovación del CNE, y posiblemente nuevas designaciones de contralor y defensor del Pueblo.
Entre altas y bajas, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) cumplió dos años en febrero pasado. Tras ese tiempo y sin mayor trabajo en cuanto a designación de autoridades, el organismo deberá comenzar en pocos meses con los primeros concursos.
Las iniciativas para eliminar el Cpccs fueron infructuosas, por lo que la entidad deberá seguir con sus funciones. Después de casi tres años de las primeras designaciones del Consejo Transitorio (Cpccs-T), se acercan los plazos para las primeras renovaciones.
El Transitorio hizo sus nombramientos de autoridades entre julio de 2018 y mayo de 2019. Designó casi todos los cargos, excepto el defensor del Pueblo -nombrado por el actual Cpccs- y el contralor -ratificado como subrogante hasta que termine el período de Carlos Pólit-.
Justamente esos dos cargos están entre los que posiblemente le tocará designar al Consejo de Participación. Freddy Carrión, el actual defensor del Pueblo, está detenido y es investigado por presunta agresión sexual. Mientras que el contralor Pablo Celi también cumple prisión preventiva por un presunto delito de delincuencia organizada.
Lo que sí es seguro es que el Consejo de Participación deberá comenzar en las próximas semanas el proceso de renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE). Y así, comienza a funcionar el calendario de cambio de autoridades .
La renovación parcial de la Función Electoral
La primera tarea en agenda para el Cpccs es la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). La Constitución dispone que estos dos organismos tienen que cambiar dos de sus miembros después de tres años en funciones.
El Transitorio posesionó al CNE en noviembre de 2018, por lo que para noviembre de 2021 deberán salir dos de sus miembros. Estos serán escogidos mediante sorteo público, y pueden ser cualquiera de los cinco actuales vocales del organismo.
El siguiente en renovación será el TCE, pero aquí hay un enredo de fechas.
Dos jueces del organismo estarán en funciones hasta noviembre de 2022, pues ellos no fueron cesados por el Consejo Transitorio. Los otros tres fueron posesionados en mayo de 2019, es decir que cumplen tres años en mayo de 2022.
Por esta razón, el Cpccs deberá resolver también en los próximos meses si la salida de Arturo Cabrera y Particia Guaicha, que están en funciones desde 2018, sirve como la renovación parcial del organismo. O si, además de ellos, debieran salir también dos jueces más de los designados en 2019.
Para la renovación del CNE y el TCE el Consejo de Participación deberá llevar a cabo un concurso público de oposición y méritos. Cualquier persona que cumpla con los requisitos constitucionales puede entrar a participar.
El defensor del Pueblo y el contralor: en la mira
Freddy Carrión y Pablo Celi siguen oficialmente en funciones. Pero ambos enfrentan procesos penales y pedidos de juicio político en la Asamblea, que pueden terminar en la destitución de sus cargos.
A Celi ya le quedaba poco tiempo en el puesto. Su predecesor, Carlos Pólit, fue designado en marzo de 2017, y el Transitorio determinó que él debía seguir por el período completo de Pólit, es decir, hasta marzo de 2022.
Mientras que a Carrión aún le quedaba mucho tiempo en la Defensoría del Pueblo. Él recién fue posesionado en abril de 2019, es decir que su período iba hasta abril de 2024.
El problema, de momento, es que aunque mientras cumplen prisión preventiva, ambos se aferran a sus cargos, y se niegan a renunciar. En el caso de Celi, incluso el Pleno del Cpccs le exhortó públicamente a dejar su cargo “para salvaguardar la institucionalidad del país”.
Sin su renuncia o su destitución, no es posible designar a una nueva autoridad. Si llegase a concretarse su separación, el Consejo de Participación deberá realizar nuevos los concursos de oposición y méritos para nombrar a sus reemplazos.
Lo que se viene en la agenda
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Procuraduría General del Estado
El procurador Íñigo Salvador fue posesionado en julio de 2018 por un período de cinco años. Es decir que para julio de 2023, el Cpccs deberá escoger a su reemplazo.
La designación del procurador se hace a través de ternas enviadas por el Presidente, en un proceso con impugnación ciudadana y veeduría.
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Defensoría Pública
El defensor público, Ángel Torres, fue designado por el Transitorio en septiembre de 2018 por un período de seis años. Es decir que la renovación de esta autoridad deberá hacerse en septiembre de 2024.
La selección de la máxima autoridad de la Defensoría Pública se hace por concurso de méritos y oposición.
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Consejo de la Judicatura
Los cinco vocales de la Judicatura entraron en funciones en enero de 2019, por un período de seis años. Todos deberán dejar sus cargos en enero de 2025, pues en este organismo no hay renovación parcial.
La designación de los vocales de la Judicatura es distinta a todas las otras autoridades. Sus miembros son escogidos de entre las ternas enviadas por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, cuyo representante lo presidirá; por el Fiscal General, el Defensor Público, la Función Ejecutiva y la Asamblea Nacional.
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Fiscalía General del Estado
La fiscal general, Diana Salazar, fue posesionada en su cargo en abril de 2019 por seis años. Es decir que deberá dejarlo en abril de 2025.
La designación de la autoridad de la Fiscalía se hace a través de concurso de méritos y oposición.
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Superintendentes
Los cinco superintendentes fueron designados en distintas fechas, pero todos deben cumplir un período de cinco años.
Las fechas en las que las autoridades de las Superintendencias deberán cambiar son:
- Economía Popular y Solidaria: agosto de 2023.
- Control de Poder de Mercado: octubre de 2023.
- Bancos: abril de 2024.
- Compañías, Valores y Seguros: marzo de 2024.
- Ordenamiento Territorial: marzo de 2025.
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