Guillermo Lasso ha anunciado una reforma constitucional para eliminar el organismo. El Consejo de Participación Ciudadana otra vez se ve envuelto en críticas por los problemas en la Judicatura y en la Contraloría.
La idea de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) reapareció apenas meses después de que la Asamblea Nacional se negara a hacerlo.
El presidente electo Guillermo Lasso anunció que impulsará una reforma constitucional que permita definitivamente suprimir este organismo y establecer una nueva metodología de designación de las autoridades de control.
El ofrecimiento de Lasso se da cuando el Cpccs vuelve a estar en problemas. Los escándalos alrededor de dos instituciones cuyas autoridades fueron nombradas por el Consejo vuelven a abrir los cuestionamientos sobre si los concursos de méritos y oposición sirven de algo.
De un lado está la Contraloría, con Pablo Celi en prisión preventiva y el Cpccs sin saber si puede reemplazarlo o no. Y de otro lado, el Consejo de la Judicatura, con la destitución del vocal Fausto Murillo, suspendida a través de una acción constitucional.
A esto se le suma que en los dos años que la institución lleva en funcionamiento luego del Cpccs Transitorio, la Asamblea destituyó en dos ocasiones a sus autoridades. Primero fue José Tuárez, a los pocos meses de su posesión, y luego Christian Cruz.
Sin detalles todavía
Lasso no ha brindado detalles sobre su propuesta de eliminación del Cpccs. Sin embargo, el presidente electo tendrá la potestad de proponer cambios en la Constitución a partir del día de su posesión, el 24 de mayo de 2021.
Para suprimir esta institución del ordenamiento legal ecuatoriano, la vía es la reforma constitucional, que tiene varios pasos. Esto ya fue determinado por la Corte Constitucional cuando dio paso a la iniciativa del Comité por la Institucionalización, que fue frenada en la Asamblea con los votos del correísmo y Alianza PAIS.
La reforma constitucional puede ser de iniciativa presidencial. El primer paso sería que Lasso la presente ante la Corte, Constitucional para que dé el visto bueno y revise que el proceso de modificación puede seguir.
Con el dictamen de la Corte, la propuesta pasa a la Asamblea Nacional, para que los legisladores analicen la propuesta en dos debates. Ambos deben tener al menos 90 días de diferencia. Para su aprobación, se requerirá el voto de la mayoría absoluta (70 votos).
La reforma entonces debe pasar a un referéndum constitucional, es decir, a votación universal. En los 45 días posteriores a la aprobación, el Consejo Nacional Electoral debe llamar a los ecuatorianos a las urnas.
¿Y qué pasa con la designación de autoridades?
El Consejo de Participación se encarga de la designación de las autoridades de control, como el contralor, el procurador, los superintendentes, los miembros de la Función Electoral, entre otros.
Esta es su principal tarea, aunque también está a cargo de la coordinación de mecanismos de participación ciudadana.
Lasso no ha dado detalles sobre cuál sería su propuesta para la designación de autoridades de control tras eliminar el Cpccs. Dos iniciativas que se debatieron en la Asamblea y fueron desechadas proponían que sea el Legislativo el que se encargue de la selección y designación de estas autoridades.
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