Jueves, 18 de abril de 2024

La reforma para eliminar el Cpccs volverá a la Corte Constitucional

La propuesta ciudadana quedó en el limbo, después de que la Asamblea no logró los votos para aprobarla gracias a la unión de correístas y lo que queda de Alianza PAIS.

Actualizada:

18 Mar 2021 - 0:04

Votación de la moción 25, para eliminar el CPCCS, en la sesión de la Asamblea del 16 de marzo de 2021. - Foto: AN

La propuesta ciudadana quedó en el limbo, después de que la Asamblea no logró los votos para aprobarla gracias a la unión de correístas y lo que queda de Alianza PAIS.

A dos meses de abandonar sus cargos, los actuales legisladores no alcanzaron los votos necesarios para aprobar la reforma constitucional de iniciativa ciudadana que buscaba eliminar el Consejo de Participación (Cpccs).

En una serie de movidas políticas, las fichas se alinearon para que la propuesta, planteada por el Comité por la Institucionalización, se quede en el limbo.

La iniciativa partió de una recolección de firmas ciudadanas hace más de un año. Antes del inicio de la pandemia, el Consejo Nacional Electoral (CNE) validó más de 170.000 firmas. Pero, la propuesta se quedó entrampada en el siguiente paso: los dos debates en la Asamblea Nacional.

Y con esto, la reforma constitucional nunca volvió a manos de los ciudadanos. Si la Asamblea aprobaba la iniciativa, esta debía pasar a un referéndum, es decir, a que los ecuatorianos debían decidir en votación universal si aprobaban o no los cambios en la Constitución.

Pero, la sesión de segundo debate en el Legislativo evidenció que no había interés en que la propuesta pase. No solo que los votos no alcanzaron, sino que era casi imposible alcanzarlos por la actual configuración de la Asamblea y la modificación en el número de votos necesarios.

Revolución Ciudadana y Alianza PAIS, juntos nuevamente

La sesión del segundo debate de las reformas constitucionales transcurrió entre discursos que dejaban entrever la poca posibilidad de que se aprobara la reforma.

La misma ponente del proyecto, Elizabeth Cabezas (ex Alianza PAIS, ahora independiente), dijo en su intervención que los tiempos eran complicados para hacer un referéndum, por la crisis económica y la pandemia. Esta declaración demostró un primer problema para la reforma constitucional: que no hubo quién cabildeara votos a su favor.

A esto se le suma la movida que el mismo Alianza PAIS hizo para que sea más complicado aprobar la reforma. Carlos Cambala (AP) propuso que sean necesarios 91 votos (mayoría calificada) para aprobar cada artículo. Este es un número alto y casi imposible de alcanzar en las actuales circunstancias.

Este movimiento no tenía mucha coherencia, pues la misma Asamblea aprobó en días pasados que las reformas constitucionales pasen con mayoría absoluta (70 votos). Pero esa normativa aún no está en vigencia, por lo que se pudo torcer la disposición.

Al final del día, el bloque correísta de Revolución Ciudadana y Alianza PAIS votaron juntos, en contra de la aprobación de la reforma constitucional o se abstuvieron. Mientras que Creo, el PSC y parte de las minorías e independientes votaron a favor de que el tema pase a referéndum en las urnas.

Este nuevo acercamiento entre lo que queda de Alianza PAIS y la bancada correísta se da después del rompimiento total con el presidente Lenín Moreno. Y se da justamente tras los pésimos resultados de PAIS en las elecciones, en las que no lograron obtener ni una sola curul en la próxima Asamblea, que se posesiona el 14 de mayo.

Una reforma constitucional en el limbo

La reforma constitucional del Comité por la Institucionalización es la primera de su tipo y de su envergadura que prospera y llega a la Asamblea. Por lo tanto, no está establecido qué pasa con la propuesta cuando no logra aprobarse en la Asamblea.

La Constitución establece que las reformas constitucionales de iniciativa ciudadana deben tener dos debates, y ser aprobadas en la Asamblea. Pero nada más.

Por esta razón, el Comité por la Institucionalización regresará a la Corte Constitucional para que evalúe la actuación de la Asamblea. Para Pablo Dávila, coordinador del Comité, es un "precedente nefasto" que el Legislativo archive una propuesta ciudadana.


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