El reemplazo de Pablo Celi en la Contraloría se enreda entre instituciones

Aunque Carlos Riofrío está actuando como contralor subrogante, en la Asamblea hay criterios divididos sobre su nombramiento, que fue hecho por Celi desde la cárcel. En el CPCCS descartan la posibilidad de nombrar a un nuevo encargado.

La renuncia de Pablo Celi, procesado por el presunto delito de delincuencia organizada, a su cargo como contralor general del Estado genera una sola certeza: el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) puede comenzar el concurso de méritos y oposición para seleccionar a su reemplazo.

Pero más allá de eso, no existe ni siquiera la seguridad de que Carlos Riofrío, quien fue designado por Celi como nuevo contralor subrogante, tenga la potestad para estar en el cargo hasta que ese concurso concluya.

El 25 de junio de 2021, Celi -recluido en la Cárcel 4- designó a un nuevo contralor subrogante en reemplazo de Valentina Zárate, quien renunció. El nombramiento se hizo a través de una acción de personal ordenada por Celi, según dijo el mismo Riofrío en entrevista con Ecuavisa.

Asamblea: opiniones contrapuestas

En manos de la Asamblea está la posibilidad de que se designe un nuevo contralor subrogante en reemplazo de Riofrío. El CPCCS hizo un exhorto público al Legislativo para que tramite una ley interpretativa que determine qué hacer en los casos de ausencia del contralor y su subrogante.

Pero, las bancadas están divididas. El correísmo, representado por UNES, por ejemplo, cree que se puede dejar a Riofrío. Su coordinadora, Paola Cabezas, aseguró que no es posible designar un nuevo encargado y cree que la Asamblea no debería entrar a dirimir en este tema:

“El espíritu de la Constitución era que no tengan que participar los partidos, por sus intereses políticos”.

Wilma Andrade (ID) coincidió en esto y añadió que, después de una revisión de la normativa, no hay algo que hubiera prohibido a Celi hacer nombramientos aunque esté preso y procesado penalmente.

La oficialista Bancada del Acuerdo Nacional (BAN) aún no tiene una posición definida. Su coordinador, Juan Fernando Flores, señaló que han solicitado documentos a la Contraloría para verificar la legalidad del nombramiento de Riofrío, y con eso tomar una decisión. Y cuestionó al CPCCS por no haber siquiera hecho una propuesta sobre la ley interpretativa que solicitan.

Del otro lado está el Partido Social Cristiano, que no cree que la designación de Riofrío sea legal.

El asambleísta Luis Almeida cree, además, que no es una persona idónea para el cargo, y que subió gracias a que “Celi cambió artificiosamente la reglamentación”. Su propuesta es enviar una consulta a la Corte Constitucional.

De concretarse la iniciativa de una ley interpretativa solicitada por el CPCCS, un asambleísta debería presentarla como proyecto de ley. El trámite tarda alrededor de dos meses.

El CPCCS no nombrará un encargado

Sin definiciones en la Asamblea, el CPCCS no puede encargar la Contraloría a una nueva persona. El consejero Hernán Ulloa dice que el pronunciamiento del procurador, Íñigo Salvador, es claro en ese punto, por lo que procede realizar el concurso de méritos y oposición para designar un nuevo contralor lo más rápido posible.

Ulloa sostiene que los asesores de los consejeros han trabajado desde hace más de un mes y medio en la elaboración del borrador de reglamento para el concurso que, de momento, está en etapa de socialización con la ciudadanía.

“Recibiremos aportes ciudadanos para que este proceso tenga más legitimidad”, asegura.

El consejero agrega que, una vez que tengan el reglamento aprobado, podrán solicitar oficialmente los recursos al Ministerio de Finanzas para iniciar el proceso.

La presidenta del CPCCS, Sofía Almeida, ha señalado que se necesitarían unos USD 400.000 para cubrir todas las fases del proceso. Estas incluyen la conformación de una comisión ciudadana de selección, que desarrolla el concurso y a cuyos miembros hay que pagar un sueldo.