TCE pide registro migratorio de Andrés Arauz y busca domicilio de Luisa González por denuncia
Como parte del trámite de una denuncia por una presunta infracción electoral, el TCE dice que ha tenido dificultades para localizar los domicilios de Luisa González y Andrés Arauz, de la Revolución Ciudadana.
El binomio correísta, Luis González y Andrés Arauz, en un recorrido de campaña. Machala, 29 de junio de 2023
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Twitter: @ecuarauz
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El juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Guillermo Ortega, emitió este jueves, 8 de enero de 2026, una nueva notificación respeto a la denuncia por supuesta infracción electoral que enfrentan líderes de la Revolución Ciudadana (RC).
En el auto de sustanciación, el juez sostiene que el Tribunal ha tenido dificultades para localizar los domicilios de Luisa González y Andrés Arauz, quienes fueron denunciados por el Consejo Nacional Electoral (TCE) por no haber presentado las cuentas de campaña sobre las elecciones anticipadas de 2023, en las que fueron binomio presidencial.
En ese sentido, Ortega requirió información a instituciones como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), la Contraloría, el Registro Civil y la Agencia Nacional de Tránsito para individualizar sus ubicaciones y así poder enviarles las notificaciones sobre esta causa.
Respecto a Andrés Arauz, el juez ordenó oficiar al Ministerio del Interior para obtener su registro migratorio en un plazo de tres días. El objetivo es determinar si se encuentra dentro o fuera del país.
El requerimiento lo hizo después de que el Ministerio de Relaciones Exteriores le informó que no tiene registro consular de Arauz y que el control migratorio compete al Ministerio del Interior.
La denuncia también involucra a Santiago Díaz Asque, asambleísta que permanece recluido por una denuncia de violación a una niña y quien se desempeñó como jefe de campaña de la RC en las elecciones de 2023.
En este último caso, el juez dispuso a la secretaría del TCE que deje constancia que Díaz fue citado personalmente el 10 de diciembre de 2025, pero no presentó su contestación en el término legal de cinco días.
El CNE señala que el correísmo supuestamente no justificó ni presentó correctamente los informes financieros para sustentar los aportes privados que recibió la agrupación política para ese proceso electoral.
Según la Ley Electoral, si son hallados culpables, los líderes de la RC se exponen a una multa de entre 20 a 70 salarios básicos unificados y la suspensión de los derechos políticos de 2 a 4 años, sin perjuicio de la sanción de cancelación de la inscripción de la organización política.
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