Defensores de los implicados en sobornos dicen que se vulneró su derecho a la defensa

Laura Terán, exasistente de Pamela Martínez -a su vez asesora de Rafael Correa-, solo respondió a las preguntas que le hizo la fiscal general Diana Salazar. Fue la diligencia desarrollada el 1 de septiembre, ante la jueza Daniella Camacho.

Después, se acogió al derecho a mantener silencio y evitó contestar posibles interrogantes de los abogados de los otros 24 procesados en el caso "Sobornos 2012 - 2016".

Pamela Martínez actuó de manera similar: solo contestó cuatro preguntas de su defensor, Edison Cadena, quien le aconsejó guardar silencio cuando sus colegas intentaron interrogarla.

La fiscal, por su parte, prefirió no interrogar a esta acusada.

Esto fastidió a los demás defensores. Uno de ellos, Alembert Vera, abogado del exsecretario del Agua, Walter Solís, pidió sentar en actas que ambos testimonios no tendrían efecto de prueba porque se violó, entre otros, el principio de contradicción.

Esa molestia fue amplificada en rueda de prensa por Fausto Jarrín, procurador judicial del expresidente Rafael Correa, y Calixto Vallejo, defensor de la asambleísta Viviana Bonilla. Ambos lamentaron no haber podido formular preguntas.

El defensor de María de los Ángeles Duarte, exministra de Transporte, Diego Correa, sostuvo que la falta de contraste “vulnera el principio básico de la prueba”.

Él coincidió con sus colegas en que la Fiscalía no debe tomar como prueba los testimonios de Terán y Martínez, aunque esperará para ver qué movimiento realiza la fiscal Diana Salazar para pronunciarse en el proceso.

¿Qué es el principio de contradicción?

• Es una tesis que permite a las partes cuestionar todo aquello que pueda influir en la decisión final del juzgador; como tal presupone la paridad en el proceso.
• La Constitución (art. 168 numeral 6) indica que la sustanciación de los procesos debe llevarse a cabo de acuerdo con los principios de concentración y contradicción.

"Defensores solo tienen una parte de razón"

¿Cuán fundamentadas son las quejas de los defensores? En opinión del penalista y catedrático Pablo Encalada, tienen una parte de razón pero no toda.

“Los abogados quedaron en estado de indefensión durante ambas audiencias”, dice Encalada a PRIMICIAS. Eso, añade, es incómodo para las defensas.

Sin embargo, sostiene que la decisión de Martínez y Terán al rehusarse a responder es absolutamente legal, porque ellas rindieron testimonios anticipados en calidad de procesadas.

En esta clase de diligencias, explica Encalada, “la ley permite que un procesado rinda testimonio sin juramento y puede acogerse al derecho a mantener silencio”.

Terán y Martínez comparecieron como procesadas. además tienen condición de testigos protegidos por Fiscalía.

En este caso, la justicia investiga el supuesto financiamiento ilegal de Alianza PAIS, desde 2013. Se presume que, a través de un mecanismo que incluía aportes en efectivo y cruce de facturas con contratistas del Estado, la agrupación política recibió aportes por unos USD 14 millones.

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