Diálogo: Ahora los indígenas apuntan también al Legislativo

Pese a la intención del Ejecutivo de extender el diálogo con las organizaciones sociales "el tiempo que sea necesario", la mitad de mesas temáticas deberían quedar cerradas este viernes 9 de septiembre.

Ante el descontento y quejas de las organizaciones que protagonizaron el último paro nacional, el Ejecutivo aceleró la búsqueda de consensos mínimos.

Existan o no acuerdos, las partes se comprometieron a firmar actas de cierre en cuatro de las mesas técnicas:

• Focalización del subsidio a los combustibles
• Control de precios
• Fomento productivo
• Energía y recursos naturales.

Estas actas se sumarán a la de banca pública y privada, que sí consiguió un acuerdo. Aunque los dirigentes sociales insisten en que lo pactado es insuficiente y en que no descartan nuevas medidas de hecho para conseguirlo.

La Fenocin, por ejemplo, asegura que no pararán hasta conseguir la condonación de las deudas de hasta USD 10.000, por lo menos en la banca pública.

La Conferencia Episcopal, como mediadora del proceso, vigilará el cumplimiento del compromiso de continuar con el diálogo. Es decir, que el lunes 12 de septiembre se instalen las cinco mesas restantes y culminen, también con la firma de actas, el 12 de octubre.

Los acuerdos por cerrar

Las aspiraciones de la Conaie, Feine y Fenocin no se limitan a los posibles acuerdos a firmarse con el gobierno del presidente Guillermo Lasso. La intención es entablar una nueva mesa o comisión que incluya, además, al Legislativo.

El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, ya había advertido que requerirían de otras funciones del Estado para poder poner en marcha algunas de las demandas que impulsaron durante las movilizaciones.

Esto porque varias de las peticiones y acuerdos preliminares con las organizaciones indígenas implican reformas y proyectos legales, que deben ser tramitados por la Asamblea Nacional.

Entre ellas estarían, por ejemplo:

• Un proyecto de Ley de Consulta Previa Informada
• Reformas a la Ley de Hidrocarburos
• Reforma a la de Minería.

Y, como lo dijo uno de los asesores de la Conaie, Henry Llánez, si no existe un acuerdo previo con las bancadas legislativas, los proyectos que remita el Ejecutivo, probablemente, serán archivados.

Además, pese a que sí hay algunos consensos puntuales en cada mesa, mayoritariamente en la de energía, el diálogo para llegar a los acuerdos preliminares continuaba hasta el cierre de esta edición.

El vaivén de la Asamblea

Durante el paro nacional de junio pasado, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, tomó un protagonismo fugaz.

Primero, convocó a una reunión, en la Basílica del Voto Nacional, con los manifestantes y las autoridades de las funciones del Estado. Ese 25 de junio fue el primer 'cara a cara' entre los representantes del Gobierno y del movimiento indígena.

Ahí nació una mesa de diálogo inicial. Y, al final de la jornada, el presidente Lasso decretó el fin del estado de excepción declarado en las seis provincias con mayores movilizaciones.

Después, presidió la sesión legislativa en la que el correísmo intentó invocar la muerte cruzada y destituir al Primer Mandatario por “grave crisis política y conmoción interna”. Y votó a favor, lo que generó el rechazo del Ejecutivo, que lo desconoció como mediador legítimo.

Esto dejó a Saquicela fuera de la coyuntura política, y con él a la misma Asamblea. Mientras que, con la mediación de la Iglesia, el Gobierno y los dirigentes indígenas se sentaron para dialogar nuevamente el 7 de julio, después de firmar un acuerdo de paz.

Cuando se instaló la primera mesa de coordinación entre las partes, el 12 de julio, el pleno aprobó una resolución en la que recomendaba a la Conferencia Episcopal que incluya a delegados de sus comisiones especializadas en las mesas técnicas de diálogo.

Esto no sucedió.

13 días después, el presidente del Legislativo insistía en el acercamiento. El 25 de julio, envió una carta pública al presidente Lasso, en la que le solicitaba conformar una comisión mixta, ya no una con los dirigentes indígenas.

La idea era que esta ayude a definir los “acuerdos mínimos que necesita el país” y así "dejar de lado cualquier divergencia".

El Ejecutivo aceptó la propuesta. Pero planteó establecer una agenda legislativa enfocada en cuatro prioridades. Pero nuevamente hubo distanciamientos y la intención empezó a tambalear.

Casi un mes después, el 18 de agosto, Saquicela envió una segunda carta al Mandatario.

En esa ocasión la invitación fue concreta: establecer la hoja de ruta de trabajo, el 23 de agosto, a las 09:30, en la sede de la Asamblea. Con la participación de los delegados de las principales bancadas.

Esa primera cita no contó con ningún alto funcionario del Ejecutivo, lo que molestó a los asambleístas. Pero, de todas formas, la comisión sigue en pie, trabajando en una agenda legislativa mínima, que desbloquee los proyectos presidenciales.