Tras 10 meses no hay responsables por la violencia de octubre 2019

Dos de los casos relacionados con el paro de octubre de 2019 apuntaron a los líderes del correísmo.

• Rebelión

En el caso por rebelión son procesados la prefecta Paola Pabón, el exasambleísta Virgilio Hernández y el dirigente Christian Gonzalez.

El  17 de agosto de 2020 debía instalarse la audiencia preparatoria de juicio. Pero la diligencia fue declarada fallida ya que uno de los abogados de estos dirigentes se ausentó.

Aunque el caso fue declarado reservado y no se conocen detalles, la Fiscalía investiga a los tres políticos por supuestamente incitar acciones para desconocer la Constitución o derrocar al Gobierno. Podrían enfrentar una pena de entre cinco y siete años de cárcel.

• Suspensión de servicios

Este es el único caso en el que hay sentencia. Se trata del proceso por la afectación a las instalaciones petroleras de la Amazonía en los días del paro.

El legislador Yofre Poma, el alcalde Amado Chávez y siete personas más fueron sentenciados por paralización de servicio público.

La sentencia para Poma fue de un año y cuatro meses de prisión, en calidad de cómplice. Pero el juez Iván Saquicela le concedió la suspensión condicional de la pena. 

Al menos cinco casos se abrieron contra los líderes indígenas (ver gráfico), luego de que las protestas se tornaron violentas.

Jaime Vargas, presidente de la Conaie, figura como procesados en todos los casos. Además aparecen los nombres de otros líderes como Leonidas Iza y Marlon Santi.

Sin embargo, en el sistema del Consejo de la Judicatura no aparece ningún caso penal en curso contra los investigados.

Es decir, que los casos todavía no han sobrepasado la barrera de la indagación previa, que hace que los procesos sean reservados y puede durar hasta dos años. Los dirigentes ya han sido llamados a declarar.

Este caso se detuvo por la pandemia. El 2 de marzo de 2020, días antes de que empezará el confinamiento, la Corte de Pichincha declaró nulo parte del proceso y lo regresó a la etapa de instrucción fiscal.

La defensa de los procesados -en su mayoría autoidentificados como indígenas- dijo que por su origen étnico debieron practicarles un peritaje antropológico. Esta es una diligencia en la que la se realiza entrevistas a los procesados para entender las expresiones culturales de cada etnia y entender cómo estas influyen en el posible cometimiento de un delito.

José Valenzuela, abogado de algunos de los procesados, dijo que las entrevistas para este peritaje ya se hicieron, pero que no conocen si el informe ya se presentó a la Fiscalía.

Durante la pandemia -relató- solo fueron convocados a una audiencia que fue solicitada por la Contraloría para apelar la declaración de nulidad. Ese recurso fue negado y desde ahí el caso ha estado detenido.

Aunque, al inicio, la Fiscalía acusó a los procesados de terrorismo. Posteriormente, los cargos se reformularon a sabotaje, toma de instalaciones públicas y destrucción de registros, en concurso real de infracciones.