La defensa de los 27 procesados por quemar el edificio de la Contraloría logró la nulidad parcial del proceso. La Fiscalía tendrá que hacer un ‘peritaje antropológico’ a los investigados por ser indígenas.
142 días después y con un proceso penal de por medio, el páis todavía no sabe quiénes y con qué objetivo incendiaron el edificio de la Contraloría General del Estado (CGE), en Quito.
Las llamas destruyeron documentos que eran parte de las investigaciones de la entidad.
El lunes, 2 de marzo, en el auditorio del Complejo Judicial del Norte de Quito se instaló la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra 27 personas, por el ataque a la Contraloría.
El 12 de octubre de 2019, durante el paro nacional que se desató tras la eliminación de los subsidios a la gasolina y el diésel, el edificio de la Contraloría fue incendiado y quedó gravemente dañado.
Aunque, al inicio, la Fiscalía acusó a los procesados de terrorismo. Posteriormente, los cargos se reformularon a sabotaje, toma de instalaciones públicas y destrucción de registros, en concurso real de infracciones.
¿Nulidad?
Por estar involucrada una estructura del Estado, la jueza Ana Guerrón declaró reservada la audiencia preparatoria de juicio.
Los procesados y sus abogados defensores denunciaron varias irregularidades en las investigaciones. Incluso creen que el caso debería declarase nulo.
Tres son los principales argumentos para la solicitud la nulidad:
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¿Cuáles documentos?
Con la reformulación de cargos, los 27 procesados son investigados en parte por destruir documentos públicos.
Sin embargo, Ernesto Pazmiño, abogado de tres investigados, dice que el contralor Pablo Celi en su declaración indicó que todavía no se ha determinado qué documentos se destruyeron en el incendio.
Pazmiño considera que esto quita solidez al caso de la Fiscalía, ya que no se puede acusar de la destrucción de algo si no se sabe qué es.
PRIMICIAS consultó a la Contraloría cómo avanza el inventario de los documentos destruidos. Pero no ha obtenido respuesta.
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Qué es un peritaje antropológico
Según la defensa de los indígenas, que son 14 de los 27 procesados, la Fiscalía tenía la obligación de realizar un peritaje antropológico en la etapa de instrucción fiscal.
Esto para comprender su cultura y sus razones para actuar. Así como para entender cómo se manifiestan y por qué.
En este caso, según la abogada Mariana Yumbay, que representa a tres de los procesados indígenas, era necesaria esta pericia porque los indígenas estaban ejerciendo su derecho a manifestarse.
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Las horas no cuadran
Según el parte policial del día del incendio, a las 11:30 seis equipos de la Policía ingresaron a la Contraloría para aprehender a personas que estaban lanzando bombas molotov desde la terraza.
En esa redada fueron capturadas las 27 personas que hoy son investigadas por el incendio.
Sin embargo, los mismos partes policiales y los informes del Cuerpo de Bomberos señalan que el fuego en las instalaciones de la Contraloría se iniciaron más tarde.
William Falconí, abogado de otros de los procesados, dice que esto demostraría que los procesados no quemaron el edificio y los documentos.
Por esta razón, solicitó a la Fiscalía que abra otra indagación previa con base en los informes policiales y de los bomberos.
Caso retrocede
Los alegatos de la defensa de los procesados rindieron fruto parcialmente. La jueza Ana Guerrón declaró nulo lo actuado en el caso después del 5 de diciembre.
El argumento central es la falta de una pericia antropológica para los acusados que forman parte de los pueblos y nacionalidades indígenas.
Una vez que se complete esta diligencia, la audiencia preparatoria de juicio se volverá a convocar y la Fiscalía dará a conocer a cuántos de los 27 procesados acusará.
Sin embargo, los abogados defensores seguirán insistiendo en la nulidad total por falta de identificación de los documentos destruidos y por los problemas de concordancia en los reportes de las horas.
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