Eliminación de Consejo de Participación: más problemas de tiempo y dinero

La Asamblea se apresta para desarrollar, este septiembre de 2020, el primer debate de la reforma constitucional que busca eliminar el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) y transformar el Legislativo en un organismo bicameral. La comisión de enmiendas, a cargo del proceso, tiene previsto aprobar este 8 de septiembre el informe que irá al Pleno.

Se trata de la propuesta del Comité por la Institucionalización Democrática, presidida por el exconsejero del CPCCS de Transición, Pablo Dávila. La iniciativa está en trámite en la Asamblea desde marzo, antes de la emergencia sanitaria, y finamente llega al primer debate.

La Constitución establece que, después de la recolección y validación de las firmas, la Asamblea debe realizar dos debates con 90 días de diferencia. Si se aprueba, la eliminación del CPCCS debe pasar a votación de todos los ecuatorianos en un referendo.

La idea de la Comisión de Enmiendas, liderada por Elizabeth Cabezas, es que el referendo pueda realizarse con las elecciones de 2021. Y aunque las fechas son justas, podría cumplirse para la segunda vuelta electoral, prevista para el 11 de abril de 2021.

¿Cómo está el calendario?

• Si el primer debate de las reformas constitucionales se da en septiembre, el segundo debe realizarse al menos 90 días después, es decir que sería en diciembre.
• Si se aprueba en ese mes, el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe convocar al referendo dentro de los 45 días siguientes, es decir justamente hasta febrero.

El problema monetario

Un referendo, sin embargo, presenta un problema en término de recursos. El Gobierno está desfinanciado y el Ministerio de Finanzas esperaba que el CNE pudiera reducir el presupuesto de los comicios, que asciende a USD 114 millones.

Los reclamos del CNE se basan en que el gasto es mayor al de las seccionales de 2019. Sin embargo, la mayoría del organismo electoral defienden el monto, pues no se puede comparar elecciones locales con nacionales. Además, el gasto aumenta debido a las seguridades que se necesitan implementar para garantizar la seguridad durante la pandemia.

La reunión se realizó la tarde del 7 de septiembre de 2020, pero hasta el cierre de esta edición no hubo un anuncio oficial sobre si habrá o no más recorte.

Sin embargo, el posible referendo puede llevar a aumentar más aún el presupuesto. La consulta popular de 2018 costó alrededor de USD 40 millones; por tanto, para evitar ese gasto la idea es justamente incluir el referendo en las elecciones, sea en la primera o la segunda vuelta electoral de 2021. En este segundo caso, el único monto que aumentaría sería la impresión de la nueva papeleta.

Si la Asamblea llegara a demorarse más, el costo de organizar un referendo aparte podría ser superior a los USD 40 millones de 2018.

La votación de la reforma constitucional

Uno de los problemas para llegar a los debates de las reformas constitucionales es que no hay claridad en cómo aprobarla. Ni la Constitución ni la Ley de la Función Legislativa establecen cuántos votos son necesarios para que la propuesta sea aprobada.

El tema genera preocupación dentro de la Comisión de Enmiendas, pues hay un vacío legal. De momento, se manejan dos opciones:

• Incluir la votación necesaria para la aprobación en las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que se realizarán esta semana.
• Aprobar una resolución del Pleno que apruebe cómo se va a votar la reforma parcial a la Constitución.

En el informe para segundo debate de las reformas a la Ley de la Función Legislativa se establece que la votación para este tipo de cambios en la Carta Magna deberá hacerse artículo por artículo. Si las reformas llegaran a aprobarse esta semana, sentarán la base para los dos debates sobre la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana.

El contenido del informe

La Comisión de Enmiendas prevé dejar los temas más polémicos para la decisión del Pleno de la Asamblea. Estos son la transformación de la Asamblea Nacional en un organismo bicameral, integrado por Cámara de Representantes y Senado, y la posibilidad de destituir a los jueces constitucionales en casos de delitos contra la administración pública, como peculado o cohecho.

En lo que sí hay acuerdo es en la necesidad de eliminar el CPCCS. También en las reformas para "fortalecer" la Fiscalía General del Estado, que separaría a esta institución de la Función Judicial.

El informe definitivo se votará este 8 de septiembre de 2020, y se debatiría en el Pleno del Legislativo antes de fin de mes.

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