La petición del Comité por la Reinstitucionalización se da después de que la actual fiscal general, Diana Salazar, reclamara que los concursos para selección de fiscales son organizados por la Judicatura.
La propuesta del Comité por la Reinstitucionalización Democrática no incluye solamente la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. La iniciativa plantea también una reforma a la Constitución para que la Fiscalía General sea independiente de la Función Judicial y, por tanto, del Consejo de la Judicatura.
La iniciativa incluye la derogación de dos secciones de la Constitución:
- La que habla de la Fiscalía, y
- La que se refiere al Sistema de protección de víctimas y testigos.
Son cinco artículos los que se suprimirían de la Constitución para ser reemplazados por los seis de la propuesta.
El problema que plantea la propuesta del Comité es que, aunque la Constitución habla de que la Fiscalía es un órgano autónomo de la Función Judicial, el Consejo de la Judicatura se encuentra por encima.
La misma Constitución establece que la Judicatura es el “órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial”.
La actual fiscal general, Diana Salazar, ha criticado justamente esta falta de independencia de la institución frente a la Judicatura.
Es la Judicatura la que se encarga de realizar los concursos para seleccionar fiscales. Además, se vio envuelta en una polémica por la potestad de otorgar comisiones de servicios para el personal de la institución.
Los detalles de la propuesta
La primera sugerencia es que la Fiscalía cambie su nombre, de Fiscalía General del Estado a Fiscalía General de la Nación. El actual nombre se utiliza desde 2008, con promulgación de la Constitución de Montecristi.
La propuesta incluye que el fiscal general sea nombrado por el Senado, pues esta propuesta va de la mano de la que crea una Asamblea bicameral. La idea es que la Corte Nacional y las universidades entreguen ternas para la designación de esta autoridad.
Además, establece que la Fiscalía se un “órgano autónomo único e indivisible, funcionará de forma desconcentrada y tendrá autonomía administrativa, económica y financiera”.
Con esto, se garantiza que la gestión del personal de la Fiscalía sea manejada por la misma institución. Es decir, que los procesos de selección de fiscales ya no estén a cargo del Consejo de la Judicatura.
Además, que la gestión administrativa se pueda hacer en la Fiscalía, “sin que esta esté supeditada a las decisiones de otro órgano”.
El Comité también plantea cambios en lo relacionado a la carrera fiscal. Establece que los fiscales sean “seleccionados mediante procesos transparentes, que garanticen la meritocracia, la impugnación ciudadana y la veeduría”.
En lo relacionado a la administración de justicia no hay cambios. Los cambios se enfocan solo la figura de la Fiscalía.
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