La fiscalización, una misión (casi) imposible para la Asamblea Nacional

La fiscalización oportuna en la Asamblea es un asunto blindado. En todas las instancias existen candados difíciles de abrir: las llaves funcionan al vaivén de las mayorías de turno.

PRIMICIAS explica estos límites:

• El Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) está integrado por el presidente, los dos vicepresidentes y otros cuatro miembros delegados por los bloques que forman parte de la mayoría. Cuatro votos en contra bastan para dar al traste un pedido de juicio político aún cuando el proponente reuniera el mínimo de 35 firmas de respaldo.
• Para que la Comisión de Fiscalización recomiende un llamado a juicio tienen que registrarse la votación de una mayoría calificada, es decir que deben votar a favor la dos terceras partes de sus 14 integrantes. Si fuera por mayoría simple solo tendría que pronunciarse favorablemente la mitad más uno.
• Para la censura y destitución de los ministros de Estado, igual los miembros de la Función Electoral y Consejo de la Judicatura, se requiere una mayoría calificada de 92 votos (dos terceras partes).
• El CAL debe pronunciarse en tres días (a favor o en contra) luego de recibida la solicitud de juicio político. Pero no existe un plazo para que el presidente de la Asamblea remita el pedido a esa instancia.
  

Una Asamblea a paso lento

La Asamblea ha sido "perezosa" a la hora de ejercer su facultad de fiscalizar. En el periodo 2017-2019 varios juicios políticos se hicieron tardíamente, otro quedó en el 'limbo' y, en algunos casos, el Consejo de Participación Ciudadana hizo la tarea en lugar del Legislativo.

A su turno, la excanciller María Fernanda Espinosa, el exprocurador del Estado, Diego García; y, el excontralor, Carlos Pólit, han sido llamados a comparecer a juicio político luego de haber renunciado a sus cargos.

A juicio, con 'las justas'

Para hoy, miércoles 5 de junio de 2019, está convocado el juicio a la excanciller María Fernanda Espinosa, quien ahora ostenta el cargo de presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).

Después del 12 de junio el caso se habría desplomado, porque un exfuncionario solo puede ser procesado políticamente hasta un año después de haber ejercido el cargo. Espinosa hará su presentación ante el pleno de la Asamblea por videoconferencia. 

A buen recaudo, en Miami

El excontralor Carlos Pólit fue procesado y censurado tras renunciar, cuando se hallaba en Miami, en calidad de prófugo de la justicia que lo acusó de haber recibido USD 6 millones de la constructora Odebrecht.

El juicio en la Asamblea fue impulsado por su entonces presidente, José Serrano, con quien intercambiaba llamadas telefónicas en las que se trataban familiarmente, como se escuchó en un audio donde se hablaban de "compadre lindo".

Ya no era procurador del Estado

La Asamblea censuró al exprocurador del Estado Diego García, quien ocupó el cargo una década. El pleno resolvió la censura política con 87 votos.

Uno de los motivos fue el pronunciamiento que hizo sobre la prórroga de funciones del anterior Consejo Nacional Electoral (CNE). García renunció al cargo antes de ser llevado a juicio político. Nuevamente la Asamblea censuraba a un funcionario que ya no era tal. 

Participación hizo lo que no pudo hacer la Asamblea

El Consejo de la Judicatura presidido por Gustavo Jalkh se libró del juicio en en Congreso pero sus miembros fueron destituidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de Transición. Lo mismo ocurrió con el exsuperintendente de Bancos, Cristian Cruz, quien fue cesado en las funciones.

En descargo de la Asamblea, hay que reconocer que sí logró procesar, censurar y destituir del cargo al exfiscal General del Estado, Carlos Baca, y al exsuperintendente de Comunicación, Carlos Ochoa.

La ministra de Salud, en carpeta

Hoy por hoy, la asambleísta independiente, Mae Montaño, ha conseguido las 35 firmas necesarias para impulsar el enjuiciamiento de la ministra de Salud, Verónica Espinosa. Queda por ver si logra su objetivo.

Contra esta funcionaria se acumulan investigaciones por varias vías. Ayer, 4 de junio de 2019, la Fiscalía General ejecutó tres allanamientos, a dependencias del Ministerio de Salud y de la Agencia de Regulación y Control Sanitario (Arcsa), en Quito, Guayaquil y Puyo, como parte de la investigación por las supuestas irregularidades en la adquisición y reparto de las pruebas rápidas para el VIH.

En un comunicado, el ministerio dijo que "seguirá brindando el apoyo necesario para facilitar cualquier tipo de información".