Los “fusibles” de Lenín Moreno: los funcionarios de segundo nivel
El secretario Nacional de Derechos Humanos, Ernesto Pazmiño, es el tercer funcionario de segundo nivel que renuncia durante el mes de mayo de 2019.
Ministerio del Interior
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Con la renuncia irrevocable de Ernesto Pazmiño, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, ayer 31 de mayo de 2019, se cumplió la sentencia de que los "fusibles" están destinados a salir del gobierno como una forma de bajar los ánimos en épocas de crisis.
Pazmiño deja el cargo en medio de graves problemas en el sistema de rehabilitación y tras una balacera en la Penitenciaría del Litoral con un saldo de seis internos fallecidos, que se sumaron a otros dos muertos días atrás por la misma causa.
Peor aún, la salida se produce cuando la violencia parece haber aumentado en los centros de rehabilitación, en plena vigencia del Estado de Excepción que incluye a todas las cárceles del país, declarado por el presidente Lenín Moreno.
El exsubsecretario de Rehabilitación, Ricardo Camacho, quien hace tiempo denunció la realidad de las cárceles y fue separado, espera que el Gobierno designe un técnico que conozca el sistema penitenciario.
Otros dos funcionarios de segunda línea salieron en un mes
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El pedido de renuncia salió de Lenín Moreno
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El 29 de mayo de 2019, como si fuera un “fusible propiamente dicho”, estalló el nombramiento del gerente de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), Wilfrido Veintimilla, tras una ola de reclamos en Guayaquil por excesos en el cobro de las facturas de energía energía eléctrica.
El pedido de renuncia surgió del presidente Lenín Moreno, según informó el Secretario General de la Presidencia, José Agusto Briones.
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En ARCSA rodaron cabezas
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El 17 de mayo de 2019, fue “renunciado” el director de la Agencia Nacional de Regulación, control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), Juan Carlos Galarza, por demandar al medio digital La Posta.
Eso ocurrió luego de que periodistas denunciaran una supuesta adquisición irregular de kits de detección del VIH y otros insumos. El ministerio de Salud reconoció que hubo un problema con los insumos, pero dijo que fueron superados.
En los tres casos, el primer mandatario se inclinó por echar a “rodar las cabezas” de funcionarios de segundo nivel. En contrapartida ha preservado a los ministros de Energía, Carlos Pérez; de Salud, Verónica Espinosa; y de Interior, María Paula Romo, quien los últimos días ha actuado como vocera por la crisis penitenciaria.
Esta política “anti-crisis” se aplica desde los inicios del Gobierno. El caso más representativo del primer año constituyó la salida del primer secretario general de la Presidencia, Eduardo Mangas, esposo de la entonces canciller María Fernanda Espinosa, y amigo personal del presidente.
Él se vio forzado a dejar el cargo tras desatar un “terremoto político” tras la difusión de un audio en el cual se le escuchaban varias infidencias sobre la campaña electoral, la Comisión Anticorrupción, sectores de oposición y miembros del entorno del expresidente, Rafael Correa.
El 6 de marzo de 2018, aunque por otros motivos, le siguió los pasos la ministra de Electricidad, Elsy Parodi. Ocurrió un día después de anunciar que estaba en análisis una posible eliminación del subsidio a los combustibles, entre ellos el gas.
La ministra se fue, pero al cierre del año anterior se cumplió una parte de su vaticinio: el Gobierno eliminó parcialmente el subsidio a los combustibles, con el consiguiente el incremento de los precios de las gasolinas súper y eco país.
Otros “fusibles” fueron el exsecretario general de la Presidencia, Eduardo Jurado (sucesor de Mangas) y el exministro del Interior, Mauro Toscanini.
El primero renunció luego de admitir que era accionista de un holding que ofrecía servicios al Grupo Especializado de Asistencia (GEA). Él fue señalado por el presentador de televisión, Mauricio Ayora, de realizar cobros sin su autorización en su cuenta financiera.
La situación de Toscanini se tornó insostenible tras declarar que el rapto de una niña de 12 años por un adulto que "era su pareja", era un "asunto de orden familiar" .
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