Seguridad: El 72% de los grilletes electrónicos no sirve

El incremento de la violencia en Guayaquil provocó que varios actores se reúnan para discutir cómo controlar los crímenes en la ciudad. 

En esos encuentros surgió un tema incómodo: Hay 400 policías que, en lugar de estar en las calles cuidando a los ciudadanos, están de guardia afuera de las casas de personas que tienen arresto domiciliario. 

Esto genera una pregunta: ¿Qué pasó con los 4.000 grilletes electrónicos comprados por el desaparecido Ministerio de Justicia? La respuesta es sencilla, el 72% está dañado. 

El subdirector técnico del Sistema de Rehabilitación Social (SNAI), Orlando Jácome, precisa que de los 4.000 dispositivos electrónicos que se adquirieron en 2016, “2.895 se encuentran dañados porque fueron mal utilizados por los mismos usuarios, gente que destruyó estos grilletes electrónicos”.

Hay 911 privados de libertad que tienen el dispositivo y funciona con normalidad, lo que deja solo 20 grilletes disponibles para ser utilizados en este momento.

El SNAI ha pedido a los servidores de justicia “que se usen para casos muy especiales por la falta de estos grilletes”.

Su reparación o cambio están en un limbo jurídico porque el contrato con la compañía China National Electronics Import & Export Corporation (CEIEC), a la que le compraron los dispositivos, no ha podido finiquitarse.

“Era un tema que estaba en manos de la Contraloría y nosotros estamos interesados en finiquitar este asunto para poder adquirir nuevos grilletes”.

Orlando Jácome

La historia de los grilletes

En 2016, el Ministerio de Justicia, liderado en ese entonces por Ledy Zúñiga, presentó un proyecto para implementar, por primera vez, la opción del grillete electrónico como medida sustitutiva a la cárcel.

El proyecto consistía en cuatro componentes: 

• El centro de gestión y monitoreo
• El dispositivo electrónico de localización (GPS)
• El servicio de transmisión de señal
• El software de monitoreo

Los grilletes solo servirían para los privados de libertad que estuvieran en Quito y Guayaquil, porque el Centro de Gestión y Monitoreo de los dispositivos está en las instalaciones del ECU-911 de estas dos ciudades. 

En octubre de 2018, la Contraloría General del Estado realizó una auditoría al contrato y encontró irregularidades. Dos años después no existe un plan para el uso correcto de los grilletes.

En la investigación se encontró, por ejemplo, que los datos de localización de las personas privadas de libertad mostrados en el sistema del Ministerio de Justicia difieren a los que reporta el sistema del ECU-911. Es decir, no se puede ubicar en tiempo real a las personas. 

En el informe, la Contraloría observó responsabilidades en autoridades del desaparecido Ministerio de Justicia, entre estas a la exministra Zúñiga.

Estableció que el perjuicio al Estado sería de USD 9,5 millones que corresponde al valor pagado por el anticipo. 

Según el subdirector de Rehabilitación Social, Orlando Jácome, después de varias negociaciones, en los próximos días se conseguirá poner fin al contrato con la compañía Ceiec. 

“Mientras no se cierre ese contrato, no podemos adquirir nuevos dispositivos electrónicos; justamente por la parte tecnológica, la encriptación de los dispositivos a la plataforma que existe actualmente no nos permitiría adquirir nuevos grilletes”.

Según el funcionario, los grilletes están funcionando adecuadamente y, una vez que finalicen el contrato con la actual compañía, comprarán nuevos.

Sin sanción para quienes dañan los grilletes

El 20 de octubre de 2018, el grillete electrónico de Fernando Alvarado, exsecretario de comunicación del correísmo, fue encontrado en una quebrada en la vía Simón Bolívar, en Quito.

El exfuncionario habría dañado el dispositivo al quitárselo para fugarse del país. Ese grillete pasó a ser parte de los bienes del Estado destruidos y sin poder utilizarse. 

De los casi 3.000 grilletes dañados, no hay una persona sancionada por haberlos destruido. “Son temas de una administración anterior que no me gustaría tocar”, dice el subdirector del SNAI, Orlando Jácome. 

Asegura que ahora se están tomando las medidas para que el usuario del grillete responda económicamente en caso de dañarlo. 

“Eso debió hacerse desde un principio, porque son bienes del Estado”, dice Jácome.

Agrega que "si bien una autoridad judicial dispone el uso por parte de un ciudadano privado de libertad, este tenía la obligación de responder por el uso de este dispositivo electrónico".

“Si esa persona regresa al régimen cerrado, se le debe quitar el grillete, pero si ya lo dañó, tenga por seguro que tampoco va a responder por eso”.

Orlando Jácome, subdirector del SNAI

A muchos de los procesados que dañaron el grillete se los reemplazó por otro. De esos, “a algunos ya les fue revocado el beneficio”, agrega Jácome, ya que han ingresado a los centros de rehabilitación. 

Sin embargo, recuperar la inversión pública es menos probable si son recluidos.

Lo mismo ha ocurrido con quienes obtuvieron su libertad “y en su momento no hubo quién hiciera las gestiones para cobrar por estos bienes del Estado”,  explica Jácome.

Para comenzar a aplicar una medida sancionatoria, primero se debe finiquitar el contrato con la empresa a la que se le compraron los 4.000 grilletes electrónicos. 

Según el subsecretario, lo más importante es determinar el perfil de la persona a la que se le asigna este dispositivo.

Él menciona como ejemplo a las mujeres que están siendo juzgadas por microtráfico y que, encarceladas, generarían un problema social mayor al separarlas de sus hijos. 

Además, disminuiría el hacinamiento en las cárceles, que para Jácome, significa evitar que las personas de 'menos riesgo' "aprendan más cosas delictivas en estos centros".

Para la Policía, esto significaría liberar a 400 uniformados que estarían en las calles patrullando y no afuera de las casas de quienes tienen asuntos pendientes con la justicia.